Raúl López Téllez
Preocupante, calificaron organismos civiles de observación la actitud de autoridades de la entidad ante la situación que impera en tenencias del municipio de Nahuatezn, Sevina, Comachuen, Arantepakua y la misma cabecera, donde a la par de los procesos de autonomía se registran hostigamiento y violencia en contra de los concejos comunales por parte de la alcaldía, partidos y crimen organizado.
En rueda de prensa donde estuvieron acompañados por voceros de los concejos comunales de estas tenencias, Ana Gómez, de la Comisión de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Claudia Ignacio Álvarez de la Red Solidaria por los Derechos Humanos de Michoacán, y Fernando Ríos, de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT), éste último señaló que tras una visita a estas comunidades, este mismo jueves sostuvieron una reunión con el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado, tras la cual señaló preocupa que no exista un esquema oficial de atención a la problemática; del caso de Arantepakua, donde se dio el homicidio de varios integrantes de la comunidad y otros resultaron heridos tras una incursión policiaca en 2017, no existe una sólida investigación y culpables identificados.
Impunidad, criminalización constante, violencia directa e indirecta y “violencia económica en contra de las comunidades” al impedirles ejercer su presupuesto, son los elementos que se recogieron en la observación y de la que prometieron un informe puntual. Señalaron que en la zona hay una colusión de intereses como los del crimen organizado, a través del saqueo de los recursos naturales; de los partidos políticos, que alientan mecanismos de coptación y control a través de “prácticas violentas y no constructivas”, y de las autoridades, donde incluyeron el rechazo de las comunidades hacia el delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Felipe Cruz Celerino, al que solicitan remover por dividir a las comunidades mediante la entrega de despensas y recursos económicos, así como a la alcaldía municipal.
Hay una omisión por parte del gobierno del estado, que está favoreciendo los vacíos legales y favoreciendo también la violencia de los grupos, de los partidos políticos. El caso de Arantepakua, llama la atención que a más de tres años “no ha habido pronunciamientos claros ni una investigación conducente que nos permita saber qué paso o quienes son los responsables, es decir, no hay acceso la verdad y la justicia”, dijo Ríos. En la misma situación de omisión incurre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló al referir que el organismo mismo no sabe cuándo se emitiría una recomendación y en contra de quien.
En términos generales, señalaron, existe “una violación muy fuerte” a los derechos humanos, con la criminalización y judicialización en contra de los defensores de procesos de autonomía, iniciados con el reclamo por el ejercicio directo de los recursos que les corresponden y a los que se niega la administración municipal, incluso con la elección de concejos comunales paralelos y a los que les asigna los recursos que le demandan las comunidades que ganaron ese derecho y el cual financieramente les es regateado desde el año 2018, en uno de los casos y en otros desde finales del 2019.
“Percibimos una violencia política muy fuerte que en Comachuen se ha mostrado con rasgos terribles, de intentos de homicidios, de quemar a las concejalas, lo cual nos parece sumamente grave y donde el estado tiene una responsabilidad, estamos viendo el principio de la violencia feminicida, con lo que están viviendo las concejalas””, dijo. Una concejala de Comachuen y los representantes de Sevina, donde la policía municipal y estatal disparó en contra de los comuneros, con uno herido a la fecha; de Arantepakua, tal vez el caso más simbólico de este municipio “donde agentes de la policía estatal hicieron (sic) asesinatos”, además del de Nahuatzen, donde existen tres comuneros encarcelados, en términos generales apelaron al gobierno estatal a mostrar la voluntad política necesaria para que se subsanen los vacíos legales para garantizar el ejercicio directo del presupuesto al igual que se reactive la entrega de los recursos suspendidos y que, denunciaron, no pretende con ello sino obstruir y generar una mala imagen de los consejos y que, como en el caso de Nahuatzen, han enfrentado la imposición de un organismo paralelo apoyado por la alcaldía.
De los partidos, dijeron que han “variado sus estrategias, pero son violentas y no constructivas”, al igual que señaló que la realidad que perciben como organización desde la Ciudad de México, es la presencia del crimen organizado a través de los talamontes, “a través de los intereses y que los consejos están determinados constantemente por estos robos, despojos a su territorio y por otro lado también percibimos un conflicto muy fuerte con la presidencia municipal, ha quedado muy acotada en el ejercicio de su mandato” y donde dijo se mantienen el 100 por ciento del presupuesto y cuya proporción debe entregarse a las autoridades comunales, a los consejos, que ganaron este derecho ante tribunales y por decisión mayoritaria.
Parte del interés de los partidos y funcionarios en el proceso, dijeron, ocurre en Comachuén, donde ante el rechazo a la participación de mujeres en el concejo, “el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha ordenado la celebración de una asamblea el próximo domingo 23 de febrero para ratificar a las autoridades tradicionales, sin tener ningún fundamento legal y a pesar de que al Concejo le restan 2 años de administración”.
De la vulnerabilidad detectada, dijeron que la misma se encuentra “al amparo de varias personas, donde citó a Celerino Cruz, de quien, dijo, “las comunidades han documentado como ha hecho uso de recursos de manera indebida, ha ayudado a la manipulación de estos grupos partidistas y como ha exponenciado la violencia también en las comunidades”.
Los voceros afirmaron que han realizado un “acompañamiento” desde hace más de un año, sin pretender asumirse como voceros de las comunidades purépechas. Demandaron que el gobierno michoacano asuma su responsabilidad en materia de seguridad, ante la vulnerabilidad detectada: “cualquier cosa que suceda con los consejos, es responsabilidad del gobierno del estado”.
