Por Humberto González Mandujano
El cierre de fronteras ha sido para muchos, la medida más atinada en la reducción de contagios de COVID-19, sin embargo, deben tomarse en cuenta los fuertes impactos económicos que ésta acción ha provocado. Destacan la contracción de las cadenas de proveeduría y de distribución de partes y mercancías a nivel global, así como la disminución en el flujo de personas. Si a esto sumamos la caída de los precios del petróleo a nivel internacional −que en conjunto han acelerado la generación de las condiciones necesarias para la depreciación de las divisas, la contracción de la demanda y la disminución de las remesas− ya no podemos dar por hecho que el cierre de fronteras sea la opción más responsable.
Por otro lado, distintos actores demandan que ante la contingencia, se respalde una política económica incluyente que contenga la suspensión de pago de impuestos, la reducción de los mismos o pagos amortizados, tanto del gran sector manufacturero y de servicios que conglomeran grandes capitales nacionales e internacionales, como de las MIPyMEs que se estima, generan el 72% de los empleos oficiales y el 52% del PIB nacional. Sin embargo, en esta demanda, poco o nada se considera a los ya 31.3 millones de personas que viven del sector informal, que cubre el 57.7% de la Población Económicamente Activa del país y que se estima, tienen una aportación al PIB del 22%, entre los que se encuentran profesionistas por cuenta propia, prestadores de servicios y comerciantes.
Ante la presión de las demandas del sector empresarial, el Presidente se ha mantenido firme, señalando que la suspensión y/o reducción de impuestos traería consigo menor recaudación y disminución a los apoyos dirigidos a los más desprotegidos y a las microempresas, y a pesar de la información arrojada por la encuesta COVIS-19 CFO Pulse Survey, en el sentido de que el 16% de las empresas mexicanas estarían considerando el recorte de personal en las próximas semanas como medio de subsistencia, el Presidente ha hecho un llamado de solidaridad invitando al no despido y al pago del 100% del sueldo en cuarentena, señalando que no hay fundamento legal para no hacerlo.
Es evidente que el 30 de abril no amaneceremos sin casos de Corona Virus ni secuelas del mismo, y es un hecho que los negocios no subirán la cortina y venderán como siempre, y la economía informal no será la misma, por lo que las medidas económicas que habrá de anunciar el Presidente el próximo 5 de abril en el marco de su informe de gobierno, sin duda deberán ser agresivas e incluyentes para fortalecer el mercado interno, dada la larga estela que el COVID-19 lleva consigo, aspecto que adelantó este dos de abril con el anuncio de integrar un fondo de 25 mil millones de pesos para crédito divididos 50% a micros y pequeñas empresas legalmente establecidas y 50% al comercio informal.
La crisis económica es real y las proyecciones para México y el mundo no son muy alentadoras, pero para salir avante, el Gobierno de México deberá anticiparse a las tendencias y los sectores productivos deberán solidarizarse, anticiparse y adaptarse a las exigencias que la crisis demande.
