Héctor Tapia
El Juez Séptimo de Distrito concedió la suspensión provisional al decreto de confinamiento obligatorio de Silvano Aureoles, esto a partir del amparo promovido por el abogado Ignacio Mendoza Jiménez.
Dicha resolución, dictada este martes 21 de abril, indica que la suspensión es hasta que se resuelva de fondo el caso planteado en el amparo donde se alega inconstitucionalidad del decreto, la cual tendría que ser una vez pasada la contingencia sanitaria, por lo que tiene efecto inmediato de suspensión y el decreto queda sin efecto, que es aplicable en teoría para todos los ciudadanos michoacanos, explicó el abogado.
Se trata del Juicio de Amparo 318/2020, que fue resuelto por el Séptimo Distrito del Poder Judicial de la Federación. Cabe apuntar que no es el único amparo que se ha interpuesto contra dicho decreto, ya que hay otros que han promovido otros abogados al respecto.
En entrevista, Ignacio Mendoza dijo que el amparo que interpuso no fue solo para él, sino que lo abrió para todos los ciudadanos michoacanos, aprovechando lo que establece la Ley de Amparos que abre la puerta para que puedan ser colectivos, y que a su vez este pueda proteger a toda la sociedad.
En primera instancia explicó que las medidas sanitarias impulsadas por la federación, que es la instancia encargada de determinar este tipo de acciones, son correctas, “y que todos podemos estar en nuestra casa, que las actividades que no son esenciales tienes que suspenderse, pero que una autoridad como el gobernador pretenda vulnerar derechos humanos no es correcto, porque no tiene las atribuciones legales para hacerlo”.
Mendoza Jiménez dijo que “no puede ser que el gobernador, so pretexto de sus problemas políticos muy personales con el Ejecutivo Federal, utilice a la población para tratar de golpear políticamente al presidente, cuando esta pandemia no tiene nada de político”.
Dijo que “si al gobernador no le parece lo que hace la autoridad federal que lo diga y utilice los mecanismos legales para inconformarse, lo que no puede hacer es salirse del marco legal”, y remarcó que ni un gobernador, alcalde, o alguna otra autoridad puede salirse del marco constitucional.
El abogado refirió que si el gobernador michoacano consideraba necesaria esta medida debió recurrir a los mecanismos formales, y no emitir un decreto “por sus pistolas”.
Sobre la suspensión que concedió el Juez Federal para que no se aplique el referido decreto, explicó que es “hasta que no se analice el fondo del asunto, pero eso no se podrá porque para que analice el fondo tendrá que hacer es esperar a que pase la pandemia, y una vez que pase pandemia no hay necesidad del decreto”.
Con ello, añadió, “implícitamente nos da la razón a los abogados, de que la acción es ilegal, está fuera de la norma”.
De entrada, dijo, “el decreto no debió haberse hecho; la forma para que se suspendan los derechos y garantías constitucionales solo se pueden hacer por solicitud del presidente al Congreso de la Unión, lo regula el 29 constitucional”.
De violentar la suspensión, detalló en la entrevista, “el Ejecutivo puede ser denunciado por delitos contra la seguridad de la nación, porque está trastocando el orden constitucional a mene de que el Senado de la república declare desaparición de Poderes”, aseveró, y dijo que incluso cualquiera podría acudir a interponer un juicio político en contra del mandatario michoacano.
“Él anda como loco queriendo hacer y someter a la población a un decreto que es inconstitucional”, aspecto que –dijo- está aceptando el mismo Poder Judicial Federal.
Ignacio Mendoza apuntó que “lo trascendente sería que el gobernador aceptara que se equivocó, dejara sin efectos el decreto y se sujetara a las medidas que está emitiendo el consejo de salubridad federal, porque es lo que legalmente corresponde, lo demás son patrañas políticas y es querer llamar la atención”.
Explicó que en este contexto de la pandemia todos los médicos están solidarizándose en todas las instituciones para atender la contingencia, y ante esto hizo el llamado para que los abogados hagan lo propio, “no permitir que autoridades se salgan del marco legal, porque salirse de esto sería una irresponsabilidad, y por ello es que Silvano es un irresponsable”, quien lo mejor que puede hacer, dijo, es desistir del decreto y sumarse a la federación.
“No debemos permitir que la política se meta en las decisiones, para eso está la ley; hay un consejo de salubridad federal que está elevado a nivel constitucional, si al gobernador no le gusta, tiene sus opciones legales” para inconformarse, enfatizó.
