Héctor Tapia
Tras la publicación del polémico decreto de Aislamiento Obligatorio, por parte del gobierno del estado, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pidió que se establezcan y se den a conocer protocolos de actuación, sistemas de control y vigilancia, así como mecanismos adecuados de denuncia ante posibles actuaciones irregulares.
Esto lo dieron a conocer los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a través de un documento, donde establece cinco aspectos que destacan como relevantes a partir de lo que consideran una preocupación, para que “toda acción que se implemente en el marco de la pandemia se haga de manera íntegra, transparente y ética”.
Antes de profundizar en las propuestas, el Comité de Participación Ciudadana refirió que la pandemia ha llevado a las autoridades a implementar diversas acciones frente a la celeridad con que se propaga el virus.
En este contexto remarcan que “ninguna acción puede ser completa e integral, si las mismas, no son resultado de un apego irrestricto a lo que marca la legislación y la Constitución”.
Refiere que tanto el decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, como el decreto de aislamiento obligatorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado, “deben ser cuidadosamente vigilados para que servidores públicos no incurran en excesos durante la aplicación de los mismos”.
Pusieron en contexto que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicado por el INEGI, la corrupción se colocó en segunda posición entre los problemas que más preocupa a los mexicanos, encuesta que revela a su vez que el mayor número de actos de corrupción eran cometidos por personal de seguridad pública.
Explica que durante el 2018, poco más de una cuarta parte de la población mexicana pagó o le fue pedido un soborno por parte de un servidor público, según una encuesta realizada por Grupo Reforma y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Po ello, destaca el documento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, “las cifras son apabullantes, y según la encuesta son los elementos de seguridad pública quienes al tener contacto con la población, son más proclives a realizar actos de corrupción”.
Una de las medidas que establece como propuesta es que “las instituciones públicas participantes en la aplicación del Decreto, establezcan un protocolo de intervención que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de sus elementos, durante las acciones y operativos que se efectúen”.
También proponen que haya “un código de conducta ética debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de las instituciones participantes”, y que se establezcan además “sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que vigilen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en todos los miembros de las instituciones públicas participantes, y su respeto irrestricto a los derechos humanos”.
Plantea además que haya “sistemas adecuados de denuncia ante las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la ley. Esto implica la generación de una línea directa para denunciar casos de extorsión o “mordidas” por parte de los servidores públicos”, y que haya “mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus acciones, informe ante medios de comunicación sobre detenciones, causas y sanciones”.
