La semana pasada la diputada Teresa Mora acusó corrupción de parte de quienes manejan el servicio de grúas particulares que se llevan vehículos infraccionados en Michoacán. Antes de eso, durante varias semanas Metapolítica investigó el tema. La irregularidad más grave: llevar los vehículos a un corralón por una multa, es ilegal. Pero con la venia del gobierno, Grúas Zacapu Monarca cobra a los ciudadanos por fuera de la ley. Esta es la historia.
Por Eduardo Pérez Arroyo
Morelia, Michoacán.- El estado de Michoacán es parte de una alianza para defraudar a los ciudadanos.
Fuertes sumas de dinero de los michoacanos regalado a empresas particulares; violación de varios preceptos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito y el derecho a la propiedad privada; acoso ilegal a ciudadanos; fraude institucionalizado en beneficio de un particular…
Son algunos de los delitos y faltas que cometen las dependencias de la actual administración.
En la práctica el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte, la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, regala grandes cantidades de dinero a la empresa particular Grúas Zacapu Monarca (conocida también como Grúas Monarcas o Grúas Zacapu).
La fórmula es simple y eficaz. La Cocotra, la Dirección de Tránsito o la SSP pasan las multas y ordenan retener los vehículos de los particulares. Pero al no tener a disposición ni las grúas y un corralón oficial, los vehículos van a dar al corralón de Grúas Monarca.
Una vez ahí, para retirar un vehículo todo ciudadano debe pagar a Grúas Monarca por el traslado y los días en el corralón una cantidad que, según testimonios y documentos recabados para este reportaje, pueden ir desde los 900 hasta los 12 mil pesos.
Este pago es irregular por al menos tres razones.
Primero, que contraviene el Inciso IV del Articulo 7 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al no acarrear ningún beneficio público. Segundo, que Grúas Monarca obliga a realizarlo aun cuando el dueño del vehículo a retirar ya haya pagado la multa al gobierno. Tercero, porque el solo hecho de llevar un vehículo al corralón como garantía del pago de una multa, es ilegal.
En rigor: en el mejor de los casos, los choferes recuperan su vehículo pagando dos veces (una de ellas a la empresa particular Grúas Zacapu Monarca). En el peor de los casos, si un ciudadano no tiene capacidad de pagar para retirar su vehículo del corralón, la empresa Grúas Monarca se queda definitivamente con él.
No es el único aspecto irregular que se deriva de la intensa cacería de vehículos públicos y particulares, especialmente Uber, que en los últimos meses han emprendido la Cocotra, la Dirección de Tránsito y la SSP (y según testimonios de muchos ciudadanos, también la propia empresa Grúas Monarca). Pero sí es la que parece más grave.
En la práctica, el estado de Michoacán ayuda a un particular a estafar a los michoacanos.
LA GRÚA Y EL PAPA
Según los documentos en poder de este medio, la empresa Grúas Monarca Zacapu tiene una estrecha relación con el Gobierno del Estado.
Propiedad de Alicia Arroyo Ríos hasta al menos el año 2014, al parecer su hermano Zeferino Arroyo Ríos se hizo cargo en un periodo posterior. Según consta en los documentos y en distintos perfiles en redes sociales, en Morelia la empresa tiene un corralón en la calle Ignacio Ortiz #23, colonia La Quemada. También tiene servicios al menos en Tangancícuaro, Uruapan y Zacapu.
El negocio es próspero. En diversas fotos de sus redes sociales se aprecia que posee una flota completa de camiones de gran tamaño.
Grúas Zacapu Monarcas es una de las tantas que ofertan servicios similares en la entidad. Solo que, en este caso, la cercanía con el Gobierno del Estado de Michoacán y con diversas instituciones públicas, incluidos elementos policiacos que investigan accidentes o hasta homicidios, es más que evidente. Varios hechos lo confirman.
En septiembre de 2016 fueron atrapados los dos homicidas del sacerdote de Puruándiro José Alfredo López Guillén, en un caso que fue noticia a nivel nacional. Las pesquisas iniciaron luego que el día 22 de septiembre apareciera volcado un automóvil Jetta blanco propiedad del difunto sacerdote, vehículo que más tarde resultaría clave en el esclarecimiento del caso.
Según consta en la causa penal NO. 00111/2016 NUC NO. 1007-2016-46011 del municipio de Zamora, lo primero que hizo el elemento que encontró el vehículo del sacerdote secuestrado y asesinado fue llamar a Grúas Monarca para que se lo llevaran. El proceso acreditó que durante las pesquisas se puso en riesgo la cadena de custodia del vehículo accidentado, un factor clave en cualquier investigación policial.
Muestra de las buenas relaciones es también el hecho de que fuese la empresa Grúas Monarca la encargada de trasladar el vehículo oficial del papa Francisco durante su estancia en Michoacán, una situación que en teoría requiere de un estricto protocolo de seguridad.
Un tercer hecho avala la cercana relación entre las autoridades y la empresa Grúas Monarca. Se trata de la historia personal de Jesús, un michoacano cuyos padres conocieron de cerca la voracidad de la empresa.
—Mi madre tuvo un accidente en una camioneta. Una volcadura leve debido a una falla mecánica, que produjo una volcadura que requirió del traslado en una grúa.
“El elemento de la policía a cargo mandó llamar a Grúas Monarcas, aun cuando le rogamos que no lo hiciera porque dado el lugar del accidente nos salía mucho más eficiente llamar a una empresa de grúas de Zamora que nosotros conocíamos”.
Fue el inicio.
“Cuando mi papá fue a retirar la camioneta lo atendieron de muy mala manera. No lo dejaban entrar a ver el vehículo, y solo tras muchas insistencias logró llegar a él. Entonces se dio cuenta de que la empresa le había robado todas las herramientas de la camioneta y el estéreo”.
Finalmente, cuenta José, tuvieron que pagar 5 mil pesos de multa, más otros 12 mil pesos por el servicio de grúa.
La cifra constituye una estafa flagrante a los afectados, puesto que, como referencia, la Ley de Ingresos 2017 del Estado de Michoacán establece que una grúa cobrará $741 por un traslado de hasta 10 kilómetros, más 24 pesos adicionales por kilómetro. Y en el caso del pago por día, según una nota del diario Quadratín del día 4 de marzo de 2017 la Dirección de Tránsito estableció una tarifa de 35.96 pesos diarios.
Tal parece ser el acuerdo de Grúas Monarcas Zacapu con gobierno del estado que el día 25 de octubre de 2017, cuando el portal Mi Morelia publico una nota que indicaba que los elementos de Tránsito ya no podrían retener vehículos por cualquier motivo, la cuenta de Facebook de Grúas Monarca, en la dirección https://www.facebook.com/gruasmonarcaszac/, se preguntó:
“Se acabará el jale mis compas?” (SIC)
Otros testimonios de ciudadanos despojados de sus vehículos también acreditan que es la empresa Grúas Zacapu Monarca la encargada de retener y trasladar los vehículos.
Pero si el negocio por trasladar y retener vehículos es jugoso, la guinda de la millonaria torta es aún mejor: transcurrido un cierto tiempo de permanencia de vehículos particulares en el corralón, la empresa se queda con ellos.
Así consta en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán del día 8 de enero de 2013. La entonces dueña, Alicia Arroyo Ríos, intentó acreditar la propiedad de un total de 71 vehículos.
Si bien en el documento no se especifica el estado de las unidades, el hecho es que la empresa efectivamente logró apropiarse de los vehículos, según consta en el expediente 1494/2012 del Juzgado Primero Civil de Uruapan con fecha 28 de febrero del 2013.
“28 de febrero del 2013, Resolución final. La promovente Alicia Arroyo Ríos, por conducto de su mandante jurídico, evidenció los elementos de su solicitud; en consecuencia; se da por acreditado, sin perjuicio de terceros, el hecho consistente en que Alicia Arroyo Ríos tiene en posesión los bienes muebles descritos en antecedentes”, dice el documento.
Pero la empresa también ha hecho polémica por otros hechos.
El día 6 de diciembre un operario de la empresa Grúas Zacapu discutió violentamente en línea a través de la radio La Z Noticias con Guillermo Valencia.
El origen del conflicto fue un sonado móvil en vivo transmitido el día 21 de octubre de ese año por el propio Guillermo Valencia, quien acompañado de varios asesores ingresó a un corralón de Grúas Monarca para recuperar una motocicleta y entregársela a su dueño.
El hecho incluyó golpes y testimonios de las víctimas, causó un gran efecto mediático y opiniones encontradas entre aquellos que criticaban la ilegalidad de Valencia al realizar por su cuenta actividades reservadas a la policía, y quienes criticaban a la empresa de grúas por cobros indebidos y, directamente, por estafa. También causó posteriores burlas de parte de la empresa hacia Guillermo Valencia.
Finalmente, el día 24 de mayo de 2018 el portal A Tiempo Noticias reportó que varios ciudadanos de Morelia acusaban que grúas particulares, entre ellas Zacapu Monarcas, se llevaban al corralón vehículos mal estacionados en las calles por cuenta propia.
Lo anterior pese a que la ley indica que cuando un auto es llevado al corralón por una grúa siempre debe estar presente una autoridad de Tránsito, la Policía, el Ministerio Público o la Procuraduría de Justicia del Estado. De no ocurrir así, la empresa de grúas comete delito de secuestro de propiedad. Pero más simple aún: el solo hecho de llevarse carros al corralón a causa de una multa es ilegal. (Ver recuadro al final de la nota).
DEVOLVER EL DINERO
El Artículo 12 de la Ley de Tránsito y Vialidad de Michoacán establece que el Director de Seguridad Pública y Tránsito tiene la atribución de “proponer y convenir los espacios para el depósito de vehículos que por alguna causa deban ser retirados de la circulación en el ámbito de su jurisdicción”, y “supervisar y sancionar el servicio de grúas como auxiliares de los elementos de tránsito y vialidad”.
Y, según arrojan los datos, esa atribución en Michoacán ha sido bien aprovechada.
Pero pese a que en teoría no es ilegal externalizar el servicio de grúas y corralón, en al menos tres documentos jurídicos distintos en poder de este medio distintos jueces han establecido la ilegalidad de algunos traslados de vehículos a corralones de Grúas Zacapu Monarca. En cada ocasión los magistrados han ordenado la devolución de los vehículos a sus dueños, e incluso de los costos de las multas y del proceso.
El primero de ellos es el Juicio Administrativo JA-0578/2016-I, a cargo de la magistrada Consuelo Muro Urista y con fecha del 8 de febrero de 2017. En él, un particular impugnó a la SSP, al director de Tránsito del Estado y a Alejandro Bedolla Dimas, el elemento que envió su motocicleta al corralón de Grúas Monarca.
Entre otros detalles, la denuncia estableció que en el corralón de Grúas Monarca se cobró al dueño del vehículo un total de 1 mil 50 pesos pese a que ya había pagado la multa correspondiente por un total de 1 mil 460 pesos.
Es decir, para recuperar su vehículo el afectado debió pagar dos veces.
“Se requiere a la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, para que en el término de diez días siguientes a la fecha de notificación de la presente sentencia le sea devuelto al actor el importe por la cantidad de $1050.00 (mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente al servicio de corralón, pagado por el demandante como consecuencia de la boleta de infracción declarada nula”, sentenció la magistrada.
La causa específica de revertir las multas y cobros fue, en este caso, la incompetencia del agente de tránsito estatal que levantó una boleta de infracción que corresponde estrictamente a elementos de Tránsito municipal.
El segundo caso aparece en el expediente JA-0918/2017-II, del 30 de noviembre de 2017 a cargo del magistrado Arturo Bucio Ibarra. En él se establece que el afectado debió pagar 1 mil 440.72 pesos más otros 900 pesos a “Servicio de Grúas Monarcas-Zacapu”.
En este caso el afectado argumentó que “nunca requerí que se me prestara servicio de grúa”. Y el magistrado ordenó devolver los 1 mil 440 pesos de la multa y los 900 de la grúa y el corralón.
Finalmente, el Juicio de Amparo III-299/2018 estableció en marzo de este año la devolución de 1 mil 350 pesos por concepto de arrastre de su vehículo Uber a cargo de Grúas Zacapu a José Antonio Macouzet Guerrero.
Su historia exhibe fielmente los apremios que realiza el personal policiaco y los encargados de la empresa de grúas a los morelianos.
“Cuando fui a que me calificaran la boleta de infracción 5815, el funcionario encargado de dicha calificativa (…) me indicó que ya nos tenían ubicados, y que aunque realizara el pago de la multa y sacara mi vehículo del corralón nos volverían a detener, cualquiera de los inspectores de por orden directa de la Coordinadora del Transporte, con el auxilio de los taxistas, igual como ocurrió en esa ocasión”, expuso el afectado durante la causa
—Aparte de estos casos hay cientos más —asegura hoy José Macouzet a este medio—. Lo que ocurre es que casi nadie sabe que esos cobros son ilegales, y por eso la gente no se ampara.
Macouzet, como lo comprueba el caso de los 12 mil pesos que debió pagar la familia de Jesús, tiene razón.
Para cobrar, la empresa Grúas Monarcas Zacapu contraviene directamente la ley. El Artículo 7 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán establece que “se consideran válidos los actos administrativos (en este caso el pago de lo relacionado con asuntos de tránsito) que cumplan con la finalidad de interés público, derivada de las normas que regulen la materia, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el acto”.
Al quedarse con el dinero la empresa persigue directamente fines de lucro. Los cuatro entrevistados para este reportaje, incluyendo a dos abogados, concuerdan en que por esa misma razón pagar a Grúas Monarca no tiene nada que ver con la conservación y cuidado del interés público.
El problema es que la mayor parte de los michoacanos no conoce que la ley los ampara.
EL CASO UBER: VIOLENCIA, NO COMPETENCIA
Michoacán es un caso especial.
En la entidad no es la libre competencia el factor que sistematiza los intercambios económicos (apelando al principio básico de que mientras mayor competencia, más se favorecen los consumidores). En Michoacán, es la violencia. Y el contraste con situaciones similares en otras áreas de la república deja al estado en muy mal pie.
“El Gobierno del estado de Nuevo León inició la entrega de vistos buenos a socios conductores de Uber”, indica una nota del periódico El Financiero del día 7 de noviembre de 2019. “De esta forma, las autoridades estatales oficializan el inicio del cumplimiento de las reglas o normas para que estos prestadores de servicios operen de manera apropiada en la entidad”.
El Director de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Noé Chávez Montemayor, celebró una medida que conviene a los consumidores, indicó el mismo medio.
“Hoy arrancamos con Uber el inicio de otorgamiento de vistos buenos para que los socios conductores de aplicaciones móviles que ofrecen servicios de transporte tipo ejecutivo con chofer, puedan libremente operar en el Estado de Nuevo León. Estamos muy orgullosos, fue un esfuerzo en conjunto y esto sólo refleja que estamos trayendo la modernidad a Monterrey, nuestro gobierno tiene que ir a la par con la tecnología y juntos lo estamos logrando”, dijo.
Mientras tanto, en la Ciudad de México los choferes de Uber tienen ciertas limitaciones, pero también pueden operar sin problemas.
“La Secretaría de Gobernación acordó con el Movimiento Nacional de Taxistas realizar un foro nacional para homologar la regulación del transporte público concesionado y servicios en aplicaciones digitales”, indicó Notimex el día 30de octubre de 2019. “También establecieron que Gobernación coordinará el solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Guardia Nacional (GN) o equivalente acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal”.
Pero Michoacán, ya se sabe, es especial.
Fuera de las consabidas agresiones a choferes Uber que distintos grupos perpetran con la venia de las instituciones del Gobierno del Estado, en octubre de 2019 se viralizó un video que mostraba como un grupo de taxistas volcaba por la fuerza un carro Uber.
En otras palabras: cómo un grupo de particulares destruía la propiedad privada sin consecuencia alguna.
(Cortesía CONTRAPARTE.MX).
José Macouzet es categórico cuando se le consulta por qué el gobierno se empecina contra los Uber.
“Lo hacen por dos causas: primero, los votos de los gremios, en este caso el de taxistas que durante años obtuvieron concesiones a diestra y siniestra. Segundo, la presión de un líder transportista que tiene muchas concesiones y sabemos que está detrás de esto. Pese a que ha estado detenido, llegó incluso al Congreso del estado. Ese líder es José Trinidad Martínez Pasalagua”.
La cacería desaforada de Uber en la entidad se funda en supuestos falsos, señala Macouzet.
“Se dice que los choferes de Uber no pagan impuestos. Pero eso no es así. Los Uber sí pagan los impuestos generales como ISR e IVA. Además, todo Uber debe tener un sello digital en caso de que cualquier cliente pida una factura. Ese sello lo expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y todos los Uber en Morelia lo tienen”.
Los hechos dan la razón a Macouzet. El propio portal de Uber indica los pasos para registrarse en el portal de facturación, y señala que “si tienes un auto en la plataforma de Uber, es indispensable que puedas emitir facturas a los usuarios que las soliciten. Consulta cómo darte de alta en nuestro portal de facturación automatizada, sin importar que aún no tengas tus credenciales fiscales”.
A nivel nacional la operación de la plataforma también está en regla. El pasado 20 de mayo de 2019 Uber y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizaron el cumplimiento de una regla administrativa para la retención de impuestos de los socios conductores y socios repartidores registrados en las plataformas de Uber y Uber Eats.
“Esta medida, además de reducir su carga fiscal, facilita el proceso de pago de los impuestos y obligaciones fiscales ya existentes para prestadores de servicios independientes”, decía el comunicado oficial.
—Para poder dar el servicio los Uber necesitan tarjeta de circulación, factura, seguro y sello digital— añade Macouzet—. Un seguro comercial puede costar hasta 12 mil pesos. En cuanto a los impuestos, se pagan según el régimen en que se den de alta. Pero todos los Uber están contemplados en la ley.
¿Por qué se piensa que los Uber no pagan impuestos?
—Eso lo han promovido algunos líderes para manejar la opinión pública.
Macouzet recuerda además que desde el año 2018 el presidente López Obrador ha señalado la iniciativa de hacer que las empresas que no tienen instalaciones físicas en México, como Uber, Netflix o Airbnb, también deban pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), hecho que confirma que las operaciones, si bien están en un vacío legal, en este momento no están impedidas para operar.
Finalmente, consultado sí cree que exista un contubernio entre el gobierno del estado, la Cocotra y algunas asociaciones de taxistas, responde que si desde el momento en que aplican artículos inconstitucionales —como el Articulo 61— para operar. Para él, incluso el hecho de que la Cocotra no tenga grúas y envíe a particulares también es ilegal.
“Lo es por dos razones. Primero, la ley no faculta a una empresa particular a retener vehículos, y en este caso quien hace el arrastre es Grúas Monarca Zacapu. Segundo, porque se las llevan a un corralón particular”.
En detalle, el especialista explica que una concesión de servicios de ese tipo no es posible porque implica la erogación de una multa que solo pueden cobrar y recibir organismos públicos.
“Una multa es, en términos jurídicos, un aprovechamiento. Los aprovechamientos son impuestos, y el único facultado para cobrar impuestos es el Estado. Pero en este caso se paga un impuesto a un particular…
“La concesión debió haber sido en el sentido de rentar el espacio o el servicio al gobierno”, añade. “Pero no lo están rentando, porque la empresa cobra directamente a los particulares”.
¿Tampoco es regular que un particular se quede con vehículos a partir de una falta que se debe saldar ante el estado?
—No lo es. Tanto así, que cuando las personas se amparan se ordena a las dependencias y a la empresa devolver tanto la multa como el pago a la grúa.
Consultado por este medio, el abogado Rodrigo Naranjo Gutiérrez tiene una opinión similar en el caso de los vehículos que pasan al poder de Grúas Zacapu Monarcas:
“Si esos carros provienen de retenciones oficiales, hay que considerar que todo derecho debe tener un legitimario activo. En este caso surgen dudas acerca de si la empresa es legitimaria para actuar, ya que al estar involucrado el erario público (por estar impaga una multa a beneficio fiscal), no es ella la llamada a actuar.
“En resumen: un particular no puede hacerse cargo de un derecho que le corresponde al estado”.
Pero Michoacán es especial.
Si bien la oscura relación entre el Gobierno del Estado y Grúas Monarca hace difícil establecer que se trata realmente de un acuerdo, es un hecho que existen varias omisiones que favorecen a la empresa y perjudican a los michoacanos. Es un hecho que ciertos cobros no tienen relación con el interés público y que los michoacanos pagan costos no establecidos. Es un hecho que grúas Zacapu tiene una relación cercana con algunas autoridades del gobierno del estado, y es un hecho que la caza y traslado de vehículos de transportes particulares, sean o no Uber, se funda en un precepto que varios jueces han considerado ilegal.
A la luz de los hechos, la realidad es una: las autoridades del estado y Grúas Monarca mantienen una alianza para defraudar.
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Artículo 61: fuera de la ley
Entre la mañana jurídica y los vacíos legales que existen hoy en Michoacán distintos especialistas —entre ellos José Macouzet Guerrero, Jorge Álvarez Banderas y el Juzgado Séptimo de Distrito de Morelia— concuerdan en un punto: los artículos 58 y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán son ilegales.
El caso más importante es el del artículo 61, que permite retener un vehículo para garantizar que su dueño pagará la multa. Sin embargo, retener un vehículo son una audiencia previa contraviene el artículo 14 de la Constitución mexicana —que en este caos tiene prevalencia sobre cualquier otra norma en el país—, que indica que “nadie podrá ser privado (…) de sus propiedades (…) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”.
Sobre el mismo artículo, Álvarez Banderas asegura que “solamente es aplicable a los concesionarios y permisionarios, puesto que así lo establece de forma expresa la norma”. El abogado Rodrigo Naranjo Gutiérrez apuntala: “En el Derecho Público sólo puede hacerse lo que expresamente está permitido por la ley”.
Respecto del artículo 58, se trata de un tecnicismo. A partir del 28 de enero de 2016 el Gobernador del Estado tenía un año para eliminar referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirla por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Pero a la fecha en que se llevaron a cabo algunas infracciones habían transcurrido casi dos años sin que lo hubiese hecho.
“Eso deriva que la norma que se le aplicó al gobernado resulte inconstitucional”, señala Álvarez Banderas.
