Redacción
El PRD no avalará ninguna iniciativa que otorgue atribuciones excesivas al Ejecutivo Federal para vulnerar y debilitar las facultades del Poder Legislativo, porque rompería la división de poderes y atentaría contra una de las bases fundamentales de la democracia, aseveró la bancada, la cual calificó también de “ilegal pretensión autoritaria” el Decreto de Austeridad y la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del presidente Andrés Manuel López Obrador enviada a la Cámara de Diputados, para presuntamente enfrentar la crisis agudizada por la pandemia del Covid-19.
En un comunicado, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró que el decreto e iniciativa presidenciales potencian los peligros por los que ya pasa el país, por lo que urgió a plantear otras acciones.
Tras un diálogo virtual que sostuvo la bancada con el economista Mario Alberto Di Constanzo Armenta, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recordó que la pandemia del Covid-19 sólo agudizó una crisis que ya afectaba al país debido a los errores de la actual administración, pero que podría desembocar en una crisis social si el Poder Legislativo, en el marco de la legalidad, no hace algo al respecto.
La diputada Guadalupe Almaguer Pardo denunció una “insaciable voracidad” del Presidente de la República por manejar los recursos públicos a su arbitrio, pero sobre todo una obstinación por someter al Poder Legislativo, en general, y a la Cámara de Diputados, en particular. Aclaró que ni su iniciativa, ni el Decreto de Austeridad beneficiarán realmente a la población y que incluso les podría perjudicar porque, al ahorrarse montos pírricos supuestamente con el recorte a gastos de operación, se afectarían áreas sustantivas de gobierno, como la prestación de bienes y servicios tan esenciales para millones de personas, por ejemplo, el acceso a la leche a bajo precio.
“Además de buscar la usurpación de funciones del Poder Legislativo en cuanto a la definición del presupuesto, ahora el Ejecutivo socava derechos fundamentales de los trabajadores al servicio del Estado, pero no sólo de los altos niveles, sino también de los más bajos, como los jefes de departamento”, puntualizó.
El diputado Antonio Ortega Martínez reveló que la Comisión de Hacienda y Crédito Público -de la cual es integrante- sesionará por internet este miércoles 29 de abril para opinar sobre la iniciativa presidencial y que tentativamente la próxima semana se convocará a una reunión presencial del Pleno de la Cámara de Diputados para votarla, pese a la contingencia.
Previó que la mayoría del partido Morena y sus aliados la avalen, y en ese caso, dijo, el PRD buscaría las alternativas jurídicas para impugnarla.
La diputada Mónica Almeida López lamentó de antemano la docilidad con la que ese grupo mayoritario avalará la sustracción de facultades a la Cámara de Diputados en materia de definición presupuestal.
Consideró esto como preocupante en la medida en que no hay realmente un Plan Nacional de Desarrollo que lo justifique, mucho menos para superar una crisis como la actual, sino sólo algunas ideas deshilvanadas que rayan, incluso, en lo “filosófico”. Se pronunció por explorar opciones jurídicas para revertir los intentos del Ejecutivo Federal de malbaratar los recursos públicos.
La diputada Azucena Rodríguez Zamora puso en duda que los recursos que presuntamente obtendrá el Gobierno Federal con el decreto y la iniciativa sean suficientes para paliar la grave crisis económica y social en la que se encuentra el país.
El economista Mario Di Constanzo calificó de inconstitucional e ilegal el Decreto de Austeridad, porque atenta contra los derechos de los servidores públicos a través de reducciones salariales y de prestaciones laborales, en particular de quienes trabajan por honorarios, los que por lo general tienen contratos de tres a seis meses y quienes, si bien no serán despedidos, tampoco serán recontratados ya al final de ese lapso.
La omisión de hasta 75 por ciento del presupuesto aprobado para servicios generales y materiales de suministros, el cierre de 50 por ciento de oficinas y la reubicación de personal, afectará indudablemente la operatividad del aparato gubernamental, principalmente en materia de educación, agricultura, medio ambiente, bienestar social y supervisión financiera, entre otros.
Denunció que el Decreto de Austeridad viola Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente, pues no se apega al procedimiento a seguir para hacer cambios al gasto aprobado. Ante tal evidencia, subrayó, el Ejecutivo presenta entonces su iniciativa para abrogar facultades exclusivas de la Cámara de Diputados a fin de manejar por sí y ante sí los recursos en casos de emergencia, sin definir cuáles son las características de tales casos, con lo que el presupuesto queda al arbitrio del Presidente.
“En suma, lo que su iniciativa busca es legalizar las acciones de un Decreto de Austeridad carente de sustento jurídico, que resulta inoperante y dañino para la situación económica por la que atraviesa el país”, concluyó Di Constanzo.**
