Metapolítica
Morelia, Michoacán.— El decreto presidencial expedido el día martes 11 de mayo de 2020, a través del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador faculta a las Fuerzas Armadas mexicanas para realizar tareas de seguridad interna, ha acarreado una andanada de críticas de partidos políticos opositores, especialistas y ONGs dedicadas a los derechos humanos.
Sin embargo, la disposición fue completamente avalada por todos los partidos políticos mexicanos a lo largo del año 2019.
APROBACIÓN TRANSVERSAL
El 21 de febrero de 2019 el Senado de la República acordó, por unanimidad, un acuerdo para aprobar un dictamen modificado que da paso a la creación de la Guardia Nacional.
Ese día, en conferencia de prensa, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunciaron además que el mando del nuevo organismo sería civil y que la actuación de las Fuerzas Armadas tendrá una temporalidad de cinco años.
Una semana más tarde, el día 28 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó por 463 votos a favor y 1 en contra, en lo general y lo particular, el dictamen de la Guardia Nacional.
El día 13 de marzo fue decisivo para la conformación oficial de la Guardia nacional. Ese día el Congreso de Yucatán aprobó su creación, con lo cual los 32 congresos locales del país avalaron la reforma constitucional que establecía la conformación de la institución.
Dos semanas después, el 26 de marzo, se publicó el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”. En su artículo transitorio quinto, se expuso explícitamente:
“durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Finalmente, el 27 de mayo se publicó el “Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional”.
Todo el proceso anterior contó con la venia de diputados senadores y gobernadores de todos los partidos de México.
Según el artículo 6 de la “Ley de la Guardia Nacional”, el objetivo de la nueva institución es “salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; salvaguardar los bienes y recursos de la Nación; y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios”.
En términos reales, numerosos analistas concuerdan en que el nuevo cuerpo buscaba reemplazar a las corporaciones policiacas estatales y municipales históricamente permeadas por la corrupción y el narcotráfico en el país. En 2017, una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México de 2017 concluyó que el 65,7% de los mexicanos consideraba que los cuerpos policiales estaban controlados por el crimen organizado.
LAS CRÍTICAS
Pese a que se trató de un acuerdo político generalizado, la desaprobación ha sido transversal.
En horas recientes la organización Seguridad Sin Guerra denunció que el decreto no establece mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas; a su vez, a través de los medios numerosos analistas han resaltado que la participación de las Fuerzas Armadas supone el fracaso de la estrategia de la Guarda Nacional.
Y los partidos políticos no se quedaron atrás. El día 11 el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados advirtió que la disposición presidencial “revela que la Guardia Nacional fracasó”. Ese mismo día varias dirigencias estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRI), entre ellas las de Chihuahua y Zacatecas, acusaron como “un retroceso” el hecho de que el presidente ordenara la salida de las Fuerzas Armadas a las calles.
Un día después, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que intentará invalidar el decreto, ya que “puede militarizar al país y violar la Constitución, los tratados internacionales y de las resoluciones de instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales”.
Otros personajes políticos han sido más moderados, y asumen que lo que está haciendo el presidente no es más que ejecutar un acuerdo aprobado por todos.
“(La salida de las Fuerzas Armadas a la calle) Estaba expuesto en el quinto transitorio de nuestra reforma constitucional. El presidente no hace más que afirmarlo; su decreto solo afirma lo que ya está planteado”, afirmó el secretario de Gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.
En tanto, el actual senador Miguel Ángel mancera aseguró que “lo que hace el presidente es cumplir con el quinto transitorio. El punto es que ahora el presidente tiene la responsabilidad directa respecto a ese uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
ANEXOS
Lee el “DECRETO por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional”: https://bit.ly/3fKJK1Q
Lee el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”: https://bit.ly/2Z0t7JR
Lee el “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”: https://bit.ly/2LlWfD8
Lee la “Encuesta Territorial Nacional de Seguridad y Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados”: https://bit.ly/3bArwNz
