Por: Jorge Luis Hernández*
Las personas que hacemos ciencia social sufrimos un permanente trauma sobre la cientificidad de nuestras disciplinas. Dedicamos mucho tiempo a justificar que la naturaleza de los fenómenos sociales nos dificulta hacer uso de ciertas herramientas de investigación y que, por eso, debemos echar mano del análisis histórico, la comparación temporal- espacial y hasta de los estudios de caso.
Eso no significa que la experimentación, por ejemplo, no sea un instrumento adecuado para probar una teoría social. De hecho, a veces contamos con la fortuna de que ciertos fenómenos sociales son modificados por situaciones extraordinarias, permitiéndonos observar cómo se comporta determinado fenómeno en nuevas condiciones.
Una de esas coincidencias está sucediendo en este momento, pues el Consejo de Salubridad General, que decretó la suspensión de actividades no esenciales desde el 30 de marzo de 2020, no consideró a la industria de las bebidas alcohólicas como actividad esencial; por lo que, en los días siguientes las empresas cerveceras anunciaron el cumplimiento de los cierres e incluso la reconversión de algunas partes de sus plantas para apoyar en la producción de elementos de sanitización como geles antibacteriales, lo que derivó en una escasez de cerveza sin precedentes.
La medida ha sido complementada con la prohibición de la comercialización de bebidas alcohólicas a lo largo de muchos municipios en el país, lo que se sostiene, principalmente, en tres razones: 1) que el consumo de alcohol está relacionado con la incidencia de accidentes que derivarían en consultas de urgencias que saturarían más los hospitales; 2) que derivaría en eventos de violencia, distrayendo a las fuerzas policiales enfocadas en la seguridad de las ciudades; 3) que, por su carácter social, promueve que las personas se sigan reuniendo en casas.
La profundidad de la emergencia ha hecho que, más o menos, todos avalemos la adopción de estas medidas. Sería un absurdo llenar los tribunales de amparos para poder seguir comprando cerveza, también lo sería cuestionar la esencialidad de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, cuando el decreto busca proteger la salud de las miles de personas que trabajan en esa industria.
No obstante, aceptar la viabilidad de la medida en la emergencia, no significa estar de acuerdo con todos los postulados que le dan raíz, mucho menos ignorar los efectos del caso, sobre todo cuando otras agencias gubernamentales (PROFECO https://www.milenio.com/politica/profeco-freno-a-la-cerveza-es-un-error-gravisimo) han calificado el parón de la cerveza como “error gravísimo”002E
Aunque la medida no pretende ser permanente, nos está dando una excelente oportunidad para entender cómo se comporta el mercado de una droga. Situación especialmente útil cuando el Congreso lleva rato discutiendo, por instrucciones de la SCJN, una nueva regulación del cannabis que solventará las desproporcionadas limitaciones al principio de libre desarrollo de la personalidad que se han detectado en diversos amparos.
Es decir, la escasez de alcohol y la prohibición de su comercialización, nos permiten experimentar por qué la prohibición de las drogas es una mala idea que castiga a los consumidores y hace pagar un alto costo a la sociedad.
Al respecto, la crisis de las cervezas está dejando tres lecciones: 1) que, por la inelasticidad de la demanda, algunos comercios están encontrado fuentes no oficiales de distribución para seguir vendiendo alcohol, con un evidente sobreprecio; 2) que los consumidores que no pueden pagar por el sobreprecio están dispuestos a acceder a productos de dudosa calidad que, de hecho, pueden llevarles a la muerte (https://www.animalpolitico.com/2020/05/consumo-alcohol-adulterado-100-muertos-cuatro-estados/); 3) que, ante la escasez de las bebidas con menos contenido alcohólico (cervezas), es probable que el consumidor se mueva hacia otros productos (más fuertes) que al final provocan igual o más de los efectos negativos que aquellos que la medida inicial buscaba evitar.
Las regulaciones sobre el alcohol y tabaco, aunque lejos de ser perfectas, muestran que regular es mejor que hacer como si el consumo no existiese. Emitir normas puede favorecer la calidad y seguridad de los usuarios, asegurar el control y la revisión del Estado y permitir obtener recursos para apoyar la recuperación de los adictos, que ya existen.
Al final, el consumidor de drogas encontrará la forma de satisfacer su necesidad. La legislación dirá a qué costo.
* Consultor político, @HernandezJorge
