Héctor Tapia
La confrontación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con el diputado local Antonio Madriz Estrada, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado han subido de tono, y ahora dicha fracción parlamentaria pide su destitución de la presidencia del legislativo.
La solicitud de destitución escalaría a la solicitud de juicio político en contra del legislador morenista.
Fueron más allá, también pidieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la destitución de la titular de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, Beatriz Barrientos García.
Quien presentó la denuncia ante la misma Mesa Directiva y ante la JUCOPO fue el legislador Baltazar Gaona García, quien aseveró que se llegará hasta las últimas consecuencias; incluso, aseveró, “van a apoyar otros grupos parlamentarios”.
Estas confrontaciones fueron evidentes durante la sesión legislativa donde se aprobó la Ley de Educación de Michoacán, reforma con la que el Partido del Trabajo se manifestó estar en contra, y que incluso anunció llevaría medidas ante el Máximo Tribunal de Justicia del país, para buscar revertirla.
Luego de haber interpuesto dicha denuncia, Baltazar Gaona García, dijo que se tomó la determinación a partir de que consideraron que hay diversas faltas a los procedimientos del Congreso por parte de Madriz Estrada, estas registradas desde que asumió la responsabilidad.
Gaona García enumeró las faltas desde el momento en que Antonio Madriz fue crítico contra el Gobernador Silvano Aureoles Conejo durante el Cuarto Informe de Gobierno, y que le costó que varios diputados pidieran su destitución.
Aseveró que no ha sabido conducir la sesiones legislativas, además que –en las últimas sesiones- no ha destinado en tiempo los documentos ni la gaceta parlamentaria a los legisladores, lo que consideró grave.
Ejemplificó la sesión en la que se aprobó la Ley de Educación para Michoacán, en la que aseveró no había el quórum legal para sostener la sesión, y que aún así la mantuvo; así mismo, dijo, producto de esa sesión la minuta del dictamen aprobado no fue firmado por una de las secretarías que ocupa la diputada Yarabí Ávila, y fue firmada en su lugar por Arturo Hernández Vázquez, lo que consideró hace ilegal el mismo documento.
Ante ello, consideró que el Ejecutivo del Estado tendría que regresar al Congreso del Estado el dictamen con las observaciones y no publicar la Ley de Educación. “Es tiempo de ponerle un alto a estos bribones”, enfatizó Baltazar Gaona.
