La historia que culminó con una crisis política para el gobernador Enrique Alfaro, una alusión directa del presidente López Obrador, un rechazo generalizado al gobernador y —de paso— una incapacidad objetiva de bajar los números de muertos y contagios de COVID-19, tiene al menos dos tramas paralelas. La más reciente es la que implica al propio gobernador. La otra, la anterior, es la de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos: la misma que asesinó a Giovanni López y desató la violencia pública en Jalisco. El siguiente especial proviene de documentos públicos, notas de prensa e información recabada por Oscar Balmen, periodista de Noticias MVS y Revista Emeequis, que reproducimos con su autorización. Es la historia de Jalisco en llamas.
Por Eduardo Pérez Arroyo
Morelia, Michoacán.— “¡Ayúdame!”, gritó él.
“A ver, Vani, tranquilo”.
—Fue la noche del lunes 4 de mayo —narraría, días más tarde, su hermano Christian—. Estábamos afuera de la casa. Íbamos a cenar. Llegaron los elementos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos a detenernos por no tener cubrebocas. No nos dieron chance de entrar en la casa ni de ponérnoslo. Un elemento tomó a Giovanni y dijo que se lo iban a llevar.
Lo golpearon entre 10.
“Más tarde” diría Christian, “a través de los vecinos, logramos comunicarnos con el alcalde Eduardo Cervantes. Escuché que el edil decía: se los entregaremos mañana, a las 10 de la mañana, después de ponerlo a hacer un servicio comunitario por no traer cubrebocas”.
Lo detuvieron y se lo llevaron.
“Al día siguiente fue mi tía por él, a las 10:00. Fue cuando le dijeron a mi tía que Giovanni no estaba ahí, que estaba grave. Que se lo habían llevado al Hospital Civil. Mi tía dijo: no me iré hasta que lo pueda ver. Otra tía llamó al Hospital Civil: le dijeron que no había nadie ahí”.
Giovanni nunca regresó.
“Un regidor, Covarrubias, fue el primero que nos dijo: Giovanni está muerto. Mi tía empezó a llorar y gritar. Fue con el acalde Eduardo Cervantes. Él le dijo: no tengo nada que ver, fueron los elementos de la policía”.
Así empezó la historia.
“Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano”.
El rostro muerto de Giovanni tenia golpes, hematomas y un balazo en la cara. Su tía entendió por qué no querían que lo viera.
Hoy Jalisco arde por todos sus costados.
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El 4 de junio las cosas empezaron temprano. Una orden breve, urgente: todo el personal operativo de la Fiscalía debía presentarse sin tardanza a un pase de lista a las 18:00 horas en punto en Casa Jalisco, la sede del Poder Ejecutivo local.
Ese día el gobernador Enrique Alfaro estaba de pésimo humor. Las protestas por el homicidio de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos amenazaban incendiar la ciudad. Su ciudad, Guadalajara. Para contrarrestarlo, ordenó directamente a su fiscal Gerardo Octavio Solís:
—Que acudan sin armas de fuego, pero sí con palos y tubos.
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La policía municipal del Ixtlahuacán de los Membrillos tenía gruesos antecedentes. Una historia paradigmática ocurrió en el 2016.
Cuando sus compañeros de celda advirtieron que el muchacho aún tenía dolores en el abdomen, se empezaron a preocupar. Cuando lo vieron escupir sangre, decidieron llamar a los policías a cargo del cuartel. Varios días después, ya en el hospital, la víctima tenía un grueso moretón y heridas en el brazo izquierdo, una sonda nasogástrica drenando sus jugos gástricos, una venda el abdomen de 24 cm de extensión, un dren que le extraía desde el estómago una secreción oscura y un catéter que le conducía suero en la clavícula derecha.
Fue el resultado de la golpiza que le propinaron 10 policías, y el culatazo en el abdomen del comandante Ricardo Castañeda Pérez. Fue el 30 de julio del 2016, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Un antecedente directo de lo que ocurriría 4 años después con Giovanni López.
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Ese 4 de junio el gobernador seguía lívido. Le habían contado que un miembro de Morena en la capital estaba tras el envío de supuestos infiltrados a la marcha contra brutalidad policiaca que asesinó a Giovanni. La intención era dañarlo sí o sí: o por su incompetencia frente a las protestas, o por represor.
Los “sótanos del poder de la Ciudad de México” habían actuado. Y el gobernador debía responder. Un mensaje, uno que se oyera fuerte en el vetusto edificio ubicado frente al zócalo de la Ciudad de México.
“Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación”, diría más tarde el gobernador. “Son ellos los que han generado todo esto que estamos viviendo”.
Nadie le creyó.
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Como muchas otras grandes conurbaciones del país, en Jalisco nunca hubo planificación a la hora de construir. El ordenamiento urbano y rural, crucial para organizar la vida de la población, la actividad económica, la producción, el desarrollo económico y social, el trabajo, los servicios públicos, el agua potable, la electricidad, el uso de energía, la telefonía, la inversión en infraestructura, la educación, el transporte, el comercio, la agricultura, la ganadería y el turismo, no existía.
Tampoco se planificó la seguridad.
El fracaso de esa organización, aseguran los autores Marcos Pablo Moloeznik y Abelardo Rodríguez Sumano, “generó secuelas estructurales en la viabilidad, el estado de derecho y la seguridad de las personas. En 2010 la zona conurbada de Guadalajara pasó a representar 60.3% de la población en ocho municipios”.
Uno de esos municipios, uno con problemas para organizar la vida de la población, la seguridad y el estado de derecho, es Ixtlahuacán de los Membrillos.
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Ese 4 de junio los agentes fueron llevados por “Jimmy” Navarro, el director general de Seguimiento a Procesos de la fiscalía, hasta el helipuerto de Casa Jalisco. Ahí se corroboró que todos estuviesen armados con los palos y tubos requeridos para imponer la autoridad del gobernador.
Después, horas después, ocurrió lo que todo el país ya conoce.
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En 2016 la Fiscalía de Guadalajara comenzó a investigar un posible aumento de violencia y delincuencia en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Sucedió específicamente tras una agresión en la plaza pública, un homicidio y el hallazgo de un cuerpo perteneciente a un trabajador del Ayuntamiento.
“Estamos llevando a cabo una investigación importante en este municipio y en este momento se están realizando operativos en esta área”, dijo entonces el fiscal Eduardo Almaguer. “Esta persona que fue privada ilegalmente de su libertad en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos tenía como actividad ser auxiliar en la Secretaría General de este Ayuntamiento”.
No sería la última matanza en el pueblo.
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Ese 4 de junio muchos jóvenes fueron castigados con fuerza excesiva, arrestados arbitrariamente y diezmados de tal forma que no les quedaran ganas de regresar.
En los cuarteles la situación era radicalmente distinta. Todos los elementos eran felicitados, ensalzados, conminados a no deshacerse de sus palos y tubos. Los necesitarían el día siguiente.
El viernes 5 de junio quienes protestaban la muerte de Giovanni irían a la Fiscalía, esta vez a reclamar por las detenciones ilegales de compañeros ocurridas el día anterior. El fiscal ordenó una nueva reunión urgente con el personal, esta vez en las instalaciones de la Policía Investigadora. A las 15:00 horas los elementos se ubicaron frente al fiscal general Gerardo Octavio Solís, quien llegó acompañado de sus escoltas.
La orden: superar la brutalidad del día anterior. Una cosa era pegarle a Casa Jalisco, otra muy distinta a la Fiscalía del Estado.
Los marchantes más peligrosos serían detenidos y llevados a parajes lejanos de la zona metropolitana de Guadalajara para que no pudieran reincorporarse a las manifestaciones. En la práctica los elementos tuvieron luz verde para amenazar, detener y golpear. Les dirían que si no se portaban bien se les llevaría ante un cártel que los desaparecería. “Se evitó un nuevo Ayotzinapa”, diría después, para deslindarse, el gobernador.
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En junio del 2019, 11 cuerpos embolsados fueron hallados en el canal de agua pluvial Atequiza, en Ixtlahuacan de los Membrillos. Ocurrió cuando personal de agua potable y alcantarillado maniobraba con una máquina excavadora que sacó tres cuerpos embolsados y dio parte a las autoridades.
Dos meses antes, en ese mismo sitio habían sido hallados 20 cadáveres. Algunos eran originarios de Sinaloa, otros eran vecinos de Ixtlahuacan de los Membrillos, Tlajomulco y El Salto.
Para la fiscalía estaba claro: se trataba del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La historia ya tenía antecedentes. El 15 de junio del 2015 el edil de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, apareció en una lista delincuencial presentada por la Procuraduría General de la República. En ella se revelaban probables nombres de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Más tarde, en abril del 2017, Cervantes debió acudir a la fiscalía estatal para dar cuenta de sus presuntos nexos con el crimen organizado. Los señalamientos eran tres: homicidio y desaparición forzada, y su posible participación en la venta de armas a civiles.
“Lo lamento, y soy de los primeros que quiero que se haga justicia y el caso se esclarezca”, diría tres años después, el pasado 8 de junio, el mismo Cervantes —aún alcalde en ejercicio— respecto del caso de Giovanni. “Pero hay que pedir justicia respetando la justicia. Lo que hoy está sucediendo en cuanto a vandalismo, y donde probablemente se ven involucrados grupos muy asesorados, es muy reprobable”.
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Tras ese 4 de junio, los familiares de los policías culpabilizados lideran hoy la rebelión en las afueras de la fiscalía local. Según su versión, los policías —sus esposos, hijos, padres— solo obedecieron.
Fue precisamente el error: seguir al pie de la letra las órdenes del gobernador y el fiscal.
El comandante del área operativa de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, Salvador Perea, ya fue imputado por los delitos de abuso de autoridad y robo calificado. Esta semana se le concedió una prórroga, y la audiencia sobre su caso transcurrirá el 12 de junio.
Sus adherentes dicen que por salvar políticamente al gobernador, Enrique Alfaro y al fiscal Gerardo Octavio Solís, se está por encarcelar a hombres que solo cumplieron órdenes.
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El 4 de mayo del 2020 la policía del Ixtlahuacán de los Membrillos asesinó a Giovanni López por no usar un cubrebocas. La misma muerte que desataría una crisis política de proporciones, una pugna directa con el presidente de la República, el rechazo generalizado al gobernador y la incapacidad objetiva de bajar los números de muertos y contagios de COVID-19.
La misma muerte que hoy tiene a Jalisco en medio de un fuego que parece lejos de apagarse.
