América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- A una menor de 13 años víctima de violación le fue obstaculizado en la Secretaría de Salud el acceso a la interrupción del embarazo, pese a que el Código Penal del Estado prevé como una causal y que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo señala como obligatorio.
Así lo denunció la presidenta de Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrio.
La activista hizo un llamado al Gobernador Silvano Aureoles Conejo para que reciba a la víctima, a su familia y a la Asociación, para que conozca de viva voz la forma en que ha sido tratada, como no se le ha permitido expresar sus sentimientos, necesidades y demandas a las cuales tiene derecho, y las formas en que se la ha impedido recibir la protección que el estado debe brindarle y garantizarle a través de sus instituciones como parte de la reparación integral del daño.
La víctima de violación denunció a su agresor, el cual se encuentra detenido y vinculado a proceso, contrario a lo ocurrido en la Fiscalía General del Estado, donde destacó hubo sensibilidad y atención de calidad del Ministerio Público.
La joven es estudiante de secundaria y su condición social es de pobreza y alta vulnerabilidad, sin acceso a servicios de salud. Informó que cuando contactaron a la Asociación Civil de Humanas, tenía ya casi 16 semanas de gestación.
“Dicha petición fue entregada de manera presencial por la madre de la víctima y la víctima, a quienes se les indicó que se debería someter al Consejo, suponemos que al de Bioética, para que autorizara. La persona que recibió se comunicó vía telefónica con la peticionaria quien no pudo contestar la llamada en ese momento y cuando la regresó ya no podían contestarle hasta el siguiente día, porque ya se había retirado de las instalaciones”, refirió Circe López, al exponer que no han recibido contestación oficial ante la petición entregada.
“Esta burocracia que enfrentó la madre de la víctima y la víctima no es un procedimiento legal, no existe en ningún documento y de existir debería ser anulado, porque deben seguir lo que indica la Norma Oficial Mexicana 046. Se Impide es salvaguardar la vida de la niña siendo una emergencia, y además entre más tiempo pase más riesgos hay para la niña, mucho más riesgoso en términos de mortalidad materna si se le deja continuar con la gestación hasta término, lo cual es una tortura y violencia institucional”, dijo.
López Riofrío acusó total desconocimiento de la ley y falta de profesionalismo en la atención.
En el caso del Sistema DIF Michoacán, explicó que se dio aviso por instrucción del Juez de Control el Ministerio Publico, atención que calificó de un insulto y de violencia institucional por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes le señalaron que la atención psicológica tenía un costo.
“En esta cita se le explicaría el proceso de adopción, sin jamás preguntar a la madre e hija la decisión”, acusó.
