*Además se emplea la fabricación de falsos delitos como: “el abandono de hogar”, para obligar a las mujeres mediante engaños, violencia verbal e institucional a regresar a la casa de la que huyeron intentando escapar de las situaciones de violencia y discriminación
América Juárez
Morelia, Mich., Tras denunciar que Eduardo Ixta Álvarez, presidente municipal y su personal, en especial la abogada del DIF Municipal asignada a la comunidad de Zopoco, ejercen violencia institucional contra de las mujeres indígenas de las comunidades que conforman su municipio. La organización Humanas Sin Violencia, exigió, que pare la violencia institucional que desde su administración se ejerce en contra de las mujeres indígenas víctimas de violencia feminicida.
Señalaron que han documentado que existen acciones de intimidación y coacción en contra de las mujeres que son violentadas al obligarlas a firmar convenios de conciliación para que regresen a su casa y permanezcan con sus maridos, aun cuando estas enfrentan múltiples maltratos y agresiones realizadas por sus parejas y las familias de estos.
Asimismo, que han constatado que se emplea la fabricación de falsos delitos como: “el abandono de hogar”, para obligar a las mujeres mediante engaños, violencia verbal e institucional a regresar a la casa de la que huyeron intentando escapar de las situaciones de violencia y discriminación, ante lo que el ayuntamiento es incapaz de generar apoyo, acompañamiento y asesoría, prefiriendo siempre la conciliación.
Al exponer que presentaron una denuncia ante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del estado de Michoacán, misma que fue admitida y de la cual se desprenden medidas cautelares las activistas en la comunidad de Zopoco, por la violencia que los agresores y personal del DIF municipal pretende ejercer en contra de las defensoras de los derechos de las mujeres en la comunidad.
En este tenor, también le pidieron deje de defender y asesorar jurídicamente a los hombres agresores que ejercen violencia en contra de las mujeres indígenas de las comunidades que conforman su municipio, se deseche la práctica de conciliación con la que obliga su municipio a las mujeres indígenas víctimas de violencia a permanecer con sus agresores a través de convenios, que las colocan en indefensión y en alto riesgo, al hacerlas regresar a los espacios violentos de los que huyeron por miedo.
También pidieron que habilite un área especializada bilingüe para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, en la que se trate dignamente a las mujeres, les provea asistencia integral y se defiendan sus derechos humanos, ya que el DIF no es la institución obligada para responder y defender a las mujeres indígenas víctimas de violencia.
Extendieron el llamado de auxilio a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para que asesore, capacite al personal y que active el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres lo más pronto posible, para que dejen de seguir violentando desde la presidencia municipal a las mujeres.
