Por: Jorge Luis Hernández Altamirano
Alrededor del mundo, las autoridades están desesperadas por superar la crisis del COVID-19. Algunos fuerzan el regreso a las actividades económicas, otros apuran los esfuerzos para desarrollar y aplicar una vacuna que permita retomar la normalidad.
Incluso en los países que, por falta de recursos o decisión política, optamos por una estrategia de mitigación de la pandemia, todavía no está claro el fin del pico de contagios, y de hecho se experimentan cifras que se incrementan de manera sostenida, los políticos están ávidos de comunicar buenas noticias, como lo hizo el presidente argentino ayer al comunicar que en su país y México se producirá la vacuna de Astra – Zeneca una vez que haya sido autorizada.
Acá, aún antes del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia el presidente López Obrador aseguró que la pandemia “estaba domada” y, apenas al inicio de la “Nueva normalidad” reanudó sus giras por todo el país. Desde entonces, el inicio del mes de junio, y hasta la fecha, el Gobierno Federal ha tenido que construir una narrativa de la pandemia que explique por qué los contagios y fallecimientos se siguen multiplicando en las últimas semanas, mientras el Consejo de Salubridad General ha renunciado a su mandato constitucional de generar las medidas en caso de una pandemia, cediéndolas a los gobiernos estatales.
El debate de política pública, que en el fondo se ha convertido en una disputa de tipo político-electoral, ocupa ahora la mayor parte de la atención de los actores políticos. Los gobernadores buscan responsables a nivel Federal y viceversa; lamentablemente, mientras encontramos a los responsables, las cifras de contagio siguen subiendo y la situación de las personas que han visto eliminados o reducidos sus ingresos es cada vez más dramática.
Se puede entender que los políticos, como líderes genuinos de la sociedad, intenten transmitir mensajes positivos sobre el Estado de la pandemia. Aunque es cuestionable la construcción de un discurso triunfalista mientras los trabajadores de la salud siguen lidiando con la saturación hospitalaria y decenas de familias siguen velando a sus muertos, que busquen un equilibrio de las actividades económicas que permitan superar la profunda depresión que la pandemia ha significado para el país, según los resultados más recientes publicados por el INEGI.
No obstante, el problema es mucho más grave cuando los funcionarios comienzan a vivir en el mundo creado por su narrativa e intentan seguir con la cotidianeidad como si, por decreto, se hubiera expulsado al SARS-CoV-2 de México.
El propio Zar anti coronavirus, el subsecretario López Gatell, ha sido enfático en reiterar que, en la medida de lo posible, es necesario mantener el #QuédateEnCasa. Sin embargo, los funcionarios de todos los colores están desesperados por regresar a su normalidad: la de las masas, los aplausos furibundos y los besos y abrazos de los agradecidos conciudadanos.
En ese mundillo político, los informes de gobierno, una obligación constitucional por la que los ciudadanos deberíamos obtener cuentas claras de nuestros representantes populares, se han convertido, además de un grosero pretexto para gastar en publicidad personal con el propósito de catapultarse al próximo puesto, en una oportunidad para armar verdaderas fiestas de auto promoción para alcaldes, gobernadores y hasta diputados locales.
La lógica y el sentido común, y las normativas federales y locales, dictarían que los servidores públicos tendrían que destinar los recursos y su tiempo a seguir lidiando con el elefante en la habitación.
Lamentablemente, la falta de sensibilidad parece ser norma en estas épocas y políticos de todos los colores siguen empecinados en hacer política según los cánones de la vieja escuela (con mucha publicidad, grandes concentraciones, porras y confeti para el candidato). Y aunque la formula ha resultado ganadora para muchos en el pasado, me temo que en esta ocasión la sociedad será mucho más crítica con quienes, pese a la tormenta, intentaron actuar como si nada pasara.
Ninguna campaña política, ninguna carrera personal, vale tanto como para poner en riesgo la vida de las personas. Promover las concentraciones, sacar a las personas de casa sólo para servir a carreras electorales es un ruin y potencialmente criminal. Ojalá que lo entiendan las personas que hoy están en la función pública.
Un poco torcidas las prioridades de nuestros funcionarios.
