Humberto Urquiza Martínez
Los videos que hemos visto en los últimos días nos recuerdan que el sistema electoral y político en México se centra, en gran medida, en lograr alcanzar el poder político a través del uso de mayor recurso económico.
Un elemento intrínseco de la política mexicana es el dinero, tanto en la parte de las campañas electorales como en el ejercicio del poder político.
La entrega de dinero de forma personal, es un primer síntoma de la posible ilegalidad del acto, pero sobre todo es un claro ejemplo del carácter ilegitimo del acto que se pretende financiar.
Es así que, cuando uno ve esos videos se puede explicar porque el sistema electoral está construido en la desconfianza. En gran medida la cultura política se basa en el dinero y el sistema electoral ha sido un generador de ello. Basta con revisar el modelo de financiamiento y fiscalización existente para entender hacia donde se va.
En principio, el financiamiento privado no puede estar por encima del público -para partidos y sus candidatos-, dentro del financiamiento público solamente se puede acceder al que entrega el órgano electoral como parte de los recursos fiscales, prohibiendo que poderes públicos, entidades extranjeras, personas morales de cualquier índole puedan aportar dinero a las campañas.
En cuanto al financiamiento privado, sólo es permitido el que aportan los militantes, simpatizantes y los propios candidatos, pero cuidando el tope que se fija para cada uno de los casos.
Es claro que las fuentes de financiamiento de la política son formalmente pocas y se sostienen principalmente de las fuertes cantidades de recursos que el Estado otorga como financiamiento público. Y a pesar de ello, la búsqueda por más dinero es una constante en las campañas.
Por otro lado, está la fiscalización que, si bien es al momento -el ingreso y egreso se informan casi en el instante que se reproduce-, la capacidad de investigación del órgano electoral nacional encargado de dicha atribución es compleja para poder llegar a todos los rincones en donde se pueda encontrar recursos económicos hacia candidatos o partidos, por el carácter centralizado de la atribución, lo que además del cúmulo de sujetos que debe de fiscalizar en muy poco tiempo -principalmente en precampañas y campañas electorales-, hace imposible saber quién entregó licita o ilícitamente dinero.
Pero el problema del dinero y política no se queda ahí. El caso de la operación de una campaña electoral hace que se requiera mucho recurso para ganar la elección, sea para posicionamiento público o bien para ganar votos -incluso algunos de forma ilegal-. Por otro lado, está el propio costo de una elección desde la perspectiva de las instituciones electorales. Rubros muy específicos que, con las últimas reformas electorales, han aportado a esa relación entre dinero-elecciones-política, en particular están los costos de materiales y documentación electoral, así como del PREP, hacen que el dinero y la política se posicione en el sistema electoral en México. Con la centralización de las elecciones, las empresas encargadas de producir o proporcionar dichos servicios, son pocas en el país, por lo que los costos para cada Estado se convierten en más caros -por una ley de oferta y demanda-, ya que, en el mismo momento, todas las entidades federativas solicitan esos servicios. Con ello, se abre un camino poco transparente, que ya es parte, también, de esa relación dinero y política, pero sin videos, todavía.
Lo anterior deben de incidir en una reforma inmediata a la ley, para acorralar los intentos de financiamiento ilegal, pero, sobre todo, debe de generar cambios en la visión que se tienen de los procesos electorales y la política frente al tema de dinero. No sólo es la legalidad, si no la legitimidad.
