• La polémica medida, prevé que padres puedan decidir que contenidos podrán estudiar sus hijos en las escuelas públicas y privadas.
América Juárez Navarro
Morelia, Mich., A pesar de ser considerado una violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y los principios de la laicidad de la educación contemplados en la Constitución, el diputado del PAN, Hugo Anaya, propuso ante el Pleno la iniciativa de reforma para que los padres autoricen de manera previa y expresa, la asistencia a cualquier actividad de cualquier centro educativo.
La reforma a la Ley de de Educación para establecer el PIN Parental que también se promovió en Nuevo León, tiene el rechazo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión envió un comunicado al Congreso del Estado donde rechaza enfáticamente las reformas promovidas en las entidades federativas relativas a la implementación del así llamado PIN Parental, por considerarlas violatorias de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, refiere que con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los 32 Congresos locales a que, dentro de las modificaciones legales que tengan a bien aprobar en materia educativa, se respete el derecho a la educación laica, científica, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, así como el interés superior de la niñez establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la propuesta del panista aquí en Michoacán prevé que padres o tutores tendrán el derecho, de prestar su consentimiento previo, en conjunto, o por escrito el cual se denomina PIN Parental, sobre el contenido de las clases y actividades que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, y establece el derecho de estos a manifestar su oposición o negativa a que sus hijos participen en actividades, talleres, pláticas o charlas que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos.
“Las autoridades educativas están obligadas a recabar por escrito autorización expresa o consentimiento informado a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad vía PIN Parental, con 30 días mínimo de anticipación previa a la impartición de talleres o pláticas impartidos por organizaciones ajenas al centro escolar mediante PIN Parental”, reza la propuesta.
Así mismo, se establece que los centros educativos deben entregar un informe de los talleres, actividades extracurriculares, pláticas o programas educativos del grado que cursan sus hijos al inicio del curso escolar a fin de que los padres de familia puedan informarse y tengan la más amplia libertad de elegir la educación de sus hijos sobre temas que no son propios de la educación científica.
Agrega que: “Los educandos hijos de padres de familia, o tutores que manifiesten su oposición vía PIN Parental no podrán ser objeto de coerción, amenazas, intimidación, detrimento de su evaluación y discriminación arbitraria por parte de las autoridades educativas”.
Es importante mencionar que en el comunicado invita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, interponga los medios de control constitucional en contra de las reformas aprobadas en los Congresos estatales, conocidas como PIN Parental, a fin de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual y reproductiva, así como en materia de valores.
