Héctor Tapia
Ni el gobierno federal, ni los estados, o los gobiernos municipales, así como ningún representante popular, puede hacer uso de recursos públicos ni de los programas para coaccionar el voto, así lo establece la ley electoral, recientemente reformada, y estas violaciones pueden traer sanción de prisión de hasta 9 años.
En este sentido, Roberto Pantoja Arzola, coordinador de los programas federales en Michoacán, dijo que desde la dependencia federal se colaborará con todas las instancias para evitar que se cometan delitos electorales en la estructura federal en el estado.
Lo refirió en el contexto de la firma del acuerdo institucional entre la Delegación en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y el Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, donde estuvieron presentes el consejero presidente del organismo local, Ignacio Hurtado Gómez, y el Vocal Ejecutivo del organismo electoral federal, David Alejandro Delgado Arroyo.
En este contexto, Pantoja Arzola dijo que la Secretaría del Bienestar, a través de la delegación que encabeza, participará con la implementación de acciones de blindaje electoral de los distintos programas federales en Michoacán, no sólo de esta secretaría sino de toda la estructura de la administración federal.
“Es una estrategia para proteger la integridad del proceso electoral, para impedir el uso inadecuado de los recursos de los programas del bienestar para no afectar el principio de imparcialidad”, remarcó Roberto Pantoja, quien refirió que este fue un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que “nunca más se utilizarán los recursos públicos, de los programas, para posicionar, coaccionar, e inducir el voto en favor de algún actor o partido político”.
Así mismo remarcó que con las reformas a la Ley Electoral no sólo están bajo observación el gobierno federal, sino que los candados abarcan tanto a los gobiernos estatales, a los ayuntamientos, como también a los integrantes del Congreso de la Unión como de los mismos Congresos locales, para garantizar el principio de imparcialidad.
Explicó que este proceso electoral ordinario 2020-2021 es histórico por el número de representantes populares que se van a elegir en todo el país.
Desde la coordinación de los programas federales de la Secretaría de Bienestar, dijo, “vamos a suscribir este acuerdo, y a estar muy vinculados con los institutos, la fiscalía de delitos electorales, y estableceremos un calendario de capacitación para toda la estructura del gobierno federal en Michoacán”, para cerrar el paso al uso electoral de los programas y recursos federales.
Roberto Pantoja Arzola asevero que “se ayudará a hacer las denuncias
pertinentes”, donde se identifique el mal uso de los recursos.
