Metapolítica
Morelia, Michoacán.- “Ya se investiga la posible esterilización forzada de mujeres migrantes tras denuncias de grupos civiles en Estados Unidos. De confirmarse, sería un hecho inaceptable”.
Con estas palabras el canciller Marcelo Ebrard avaló esta mañana las denuncias respecto de mujeres mexicanas supuestamente histerectomizadas en Estados Unidos.
Un hecho que, más que inaceptable, sería un delito flagrante que violaría todos los tratados internacionales.
Ebrard aseguró también que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya emitió una alerta consular desde la semana pasada y entrevistó a seis posibles víctimas.
“Se trata de un asunto mayúsculo, que en caso de ser cierto debe sancionarse e incluso tomarse otras medidas”, dijo Ebrard, generalmente prudente a la hora de referirse a terceros países.
Pero la acusación original no proviene de México, sino desde dentro de los propios Estados Unidos.
Ocurrió cuando la semana anterior cuando Pramila Jayapal, representante de Estados Unidos para el séptimo distrito del Congreso de Washington, difundió una denuncia de la enfermera Dawn Wooten.
En su testimonio original, Wooten afirmó que durante su labor anterior en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Georgia hubo una alta tasa de histerectomías no pedidas ni autorizadas.
En otras palabras: Estados Unidos habría esterilizado mujeres extranjeras, entre ellas mexicanas, sin su consentimiento.
“El útero de todas las personas no puede estar tan mal”, dijo en su momento Wooten. Una denuncia a la cual se plegaron también organizaciones de defensa de inmigrantes como Georgia Detention Watch, Georgia Latino Alliance for Human Rights y South Georgia Immigrant Support Network.
Más tarde legisladores demócratas también se sumaron a las denuncias.
“Las acusaciones presentadas por una informante apuntan a un patrón alarmante de condiciones inseguras y una falta de supervisión en las instalaciones de ICE de gestión privada”, dijo el representante Bennie Thompson, de Mississippi.
Thompson puso así el dedo en la llaga más compleja de todo el entramado: el hecho de que políticas públicas estén en manos de particulares que muchas veces tienen su propia visión de las cosas. Un modelo polémico por antonomasia.
Y agregó:
“Las acusaciones de histerectomías a mujeres sin su consentimiento son increíblemente preocupantes”.
UN MODELO POLÉMICO
No es primera vez que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está en el centro de la polémica.
En junio del 2018 la BBC publicó una nota bajo el título “El multimillonario negocio detrás de la detención de inmigrantes en Estados Unidos”. Y apuntó directamente al ICE:
“Las organizaciones que gestionan los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos viven un boom.
“Solo en 2017 el ICE destinó casi 3 mil millones de dólares para costear el sistema de detención de extranjeros que se ocupa de los casos están pendientes de resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada. Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas”.
Las mismas compañías que reciben una buena parte de la torta.
” Casi el 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria”, comentó entonces Bianca Tylek, directora del Corrections Accountability Project con sede en Nueva York.
Y agregó lo que parece ser el meollo del asunto:
“La prosperidad de su negocio depende de que haya personas que pierdan su libertad”.
En el caso de las histerectomías no se ve una relación económica directa. Pero es un hecho que “existe una red completa de negocios privados que está sacando ganancias de la crisis migratoria. En el sector del transporte, por ejemplo, están las compañías que trasladan a los inmigrantes desde la frontera hasta los centros de detención. En algunos casos, las empresas de transporte son propiedad de las mismas compañías dueñas de los centros de detención”.
Y también hay otros negocios asociados como los proveedores de alimentación o de servicios de telefonía para las personas detenidas, entre otros.
“Todo suma”, dijo la BBC. Y el negocio de la salud privada también pudiera ser parte de la ecuación.
Otra opción es la simple negligencia. En abril de este año, en plena pandemia de coronavirus, el propio Thompson aseguró que “en el centro de detención del condado de Adams, no hay espacio para el distanciamiento social y las personas enfermas rara vez, o nunca, están aisladas, alega la demanda. Los dormitorios se limpian una vez al día y las personas detenidas a veces no tienen suficiente jabón para lavarse las manos. A los detenidos se les da comida en platos y utensilios sucios y el agua no está limpia”.
En suma, se trata de un caso en el que se combinan intereses particulares con falta de control. A juzgar por los poco limpios antecedentes, la denuncia de esterilización forzosa a mujeres mexicanas pudiera tener mucho de cierto.
