Por Humberto Urquiza Martínez
Muchos están siendo los retos que la pandemia del COVID-19 está generando en la sociedad mundial y México no escapa a ello. En particular, dentro del proceso electoral, las instituciones responsables están empezando a cambiar varios procedimientos y criterios para poder cumplir con la legislación electoral y evitar los contagios y muertes.
Sin embargo, un elemento del proceso electoral que podrá convertirse en un resquicio para que los servidores públicos se mantengan en la opinión pública, es lo señalado en los artículos 209 de la LGIPE y 21 de la Ley General de Comunicación Social, numerales en los que se menciona que durante las campañas electorales, todas las autoridades públicas deberán restringir la difusión de sus actividades de forma ordinaria, para dar paso a que las instituciones electorales y partidos políticos asuman el control total del espacio público y llegar a la opinión pública con motivo de la renovación de los poderes públicos, por lo que se restringe cualquier aparición mediática y de difusión de cualquier propaganda gubernamental de los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno.
Lo anterior tienen 3 excepciones: temas de educación, protección civil y salud, en este último caso, y ante el contexto de la pandemia que se vive en todo el país, que podría ampliarse hasta el mes de abril, podría ser el resquicio para que las autoridades federales, estatales y municipales, quieran aprovecharse para posicionarse permanentemente frente a la sociedad en beneficio de sus candidatos o partidos de los cuales forman parte, aún durante las campañas electorales.
Sin duda, la pandemia requiere de toda la atención y estrategia de las instituciones responsables de la salud, en este caso de los 3 órdenes de gobierno, para poder evitar mayores contagios y evadir el incremento de las muertes que se han presentado durante la emergencia, empero, será un reto para los comunicólogos institucionales y sobre todo para su ética, impedir que la comunicación institucional en temas de salud sea un factor para influir en el electorado y posicionar a diversos actores políticos dentro del proceso electoral.
Consecuentemente, la pandemia será una amenaza para las instituciones electorales que deberán estar atentas frente a los posibles intentos de usar ese elemento para influir en las preferencias de la ciudadanía, pero, sobre todo, será un buen termómetro para medir los valores de los servidores públicos que, ante esa opción, quieran utilizar el resquicio que la ley establece para poder seguir difundiendo la propaganda gubernamental, o bien, evadan esa posibilidad y sean cuidadosos en la difusión que se dé al tema.
Esperemos por la salud de la sociedad mexicana que el virus SAR-COV-2 disminuya lo antes posible en su propagación y muertes, pero también, que la salud de la democracia se mantenga en una perspectiva de no usar los espacios públicos para influir en la perspectiva de la ciudadanía para buscar un sentido concreto del voto.
Es así, que la pandemia pondrá a prueba una parte del modelo de comunicación política que en muchos aspectos está saturando a la propia democracia y libertad de expresión aún dentro de las campañas electorales y más allá del caso emergente que representa el COVID-19.
