América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- Fideicomisos en México: el arte de desaparecer dinero público, publicación realizada por la organización Fundar en el 2018, documenta como los fideicomisos permiten el uso opaco y discrecional de los recursos públicos.
De los 374 fideicomisos existentes a nivel federal hasta el 2028, explica que se destinaron hasta esa fecha 835 mil 477 millones de pesos equivalente al 15.8% de todo el presupuesto de ese año, pero solo 19 tenían una estructura que permitía su fiscalización.
Según la investigación realizada Sarahí Salvatierra en este documento publicado en el 2018, lo destinado a los fideicomisos son 20 veces el presupuesto reservado a la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Pero además la aprobación de recursos para transferirlos a fideicomisos mostró una tendencia a la alta, pasando de 131 mil millones de pesos en 2013 a 214 mil millones de pesos en 2016, lo cual representa un incremento del 79%.
Además estas figuras eran administradas por cinco instituciones de banca privada, que fungen como fiduciarias en fideicomisos públicos donde se encuentra la mayor disponibilidad de recursos públicos. Estas son Santander, Banorte, BBVA Bancomer, Banamex y MIFEL, cuya suma representaba hasta ese entonces 65 mil 545 millones de pesos.
Asimismo, se revela que al 31 de diciembre de 2017 cerca de 139 de los fideicomisos con recursos públicos estaban constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que más de 69 mil millones de pesos son imposibles de fiscalizar ya que su información está protegida por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad.
A la par, el informe documenta que desde el 2013 se han registrado sobreejercicios importantes en los recursos destinados a Fideicomisos. Así, en el 2017 se ejercieron 310 mil 637 millones de pesos, pero se gastaron 267 mil 900 millones de pesos más de lo aprobado por el Congreso sin ninguna explicación.
El documento exhibió tres casos: el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fideicomiso Río Sonora y el Fondo Mexicano del Petróleo. En el primero se señala que no es posible conocer la forma en la que se ejercen sus recursos, el tipo de medidas que se implementan ni las empresas que proveen las medidas de protección y seguridad, ya que esta información ha sido reservada por la autoridad con el argumento de que divulgarla pondría en riesgo la seguridad de los proveedores y los beneficiarios.
Según Fundar, pese a los importantes avances en materia de transparencia presupuestaria la figura del fideicomiso aún permite ejercicios discrecionales, opacos y mínima rendición de cuentas de los recursos públicos. Aunque en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017 del International Budget Partnership México ocupa el sexto lugar entre 115 países con más información presupuestaria básica disponible, en materia de transparencia en fideicomisos obtuvo la menor calificación.
