América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- La fracción parlamentaria de Morena analiza la ruta legal para atacar la decisión del Congreso del Estado que plantea la reposición del procedimiento para asegurar la aprobación de la deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos.
Los morenistas no descartaron un juicio político contra el gobernador Silvano Aureoles y los diputados que voten a favor de esta decisión, por violentar la ley y actuar antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Fermín Bernabé Bahena, diputado de Morena, indicó que se cae en responsabilidad si se lleva a cabo la reposición del procedimiento con la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Estatal para que se valide la mayoría calificada en la deuda aprobada en el 2019 por 4 mil millones de pesos.
Exhibió un documento enviado desde la Secretaría de Gobierno a la Mesa Directiva que encabeza el diputado Octavio Ocampo, que fue presentado a las 8:40 cuando las oficinas estaban abiertas a partir de las 9 de la mañana. Pero, de acuerdo con la Ley de Procedimientos del Congreso del Estado, no cumple con los requisitos para citar a sesión extraordinaria, en donde nunca se reunió la Junta de Coordinación Política del Congreso.
Reiteró que la Suprema Corte se pronunció y de eso aún no hay resolución, y que la Legislatura cae en responsabilidad administrativa ya que se quiere corregir el gasto de los dos mil 44 millones de pesos.
En tanto Cristina Portillo, coordinadora de la bancada de Morena, indicó que seguirán trabajando en la estrategia jurídica contra esta decisión, ya que el Gobierno Estatal está teniendo una intromisión en la vida legislativa.
Sobre un eventual juicio político contra Silvano Aureoles Conejo, dijo se tomará la decisión de manera conjunta con la bancada.
A su vez la diputada Sandra Luz Valencia calificó esta decisión como una “reforma a modo”, para hacer adecuaciones al sistema financiero sobre el endeudamiento, que es de 4 mil millones de pesos.
“Es una exagerada cantidad con la que se pretende endeudar a la ciudadanía con paguitos hasta por 20 años”, dijo, lo que implica que hijos, nietos y bisnietos van a tener una deuda y ni se van a beneficiar.
Finalmente, Zenaida Brigido sostuvo que se priorizan los deseos del gobernador, y que es un pena y una lástima que se violente la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado, y que el Legislativo sea un simple “enmendador” que subsana los errores del gobernador del estado.
