*El documento se envió a la Mesa Directiva y será votada en próximos días
Por Oscar Guerrero / Metapolítica
Ante la declaración de invalidez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso sobre el artículo 26 de la Ley de Ingresos de Michoacán 2020, cuyo contenido contemplaba la contratación de 4 mil 90 millones de pesos como deuda para la entidad, el gobernador Silvano Aureoles Conejo le envió al Congreso local una iniciativa con que se pretende corregir la plana y eludir la resolución de la máxima autoridad de impartición de justicia del país.
En fast track, Aureoles Conejo envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley de Ingresos 2020, bajo la intención de que se convalide la votación mediante la cual se aprobó la adquisición de más deuda para Michoacán, debido a que ésta no fue avalada por la votación de mayoría calificada que establece la legislación.
Para consumo de nuestros lectores, es importante mencionar que el pasado 27 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 26 de la Ley de Ingresos 2020 y, con ello, también del procedimiento que le había dado luz verde a la contratación de una nueva deuda de 4 mil 90 millones de pesos.
Lo anterior, debido a que Silvano no consiguió el aval de cuando menos dos terceras partes de los 35 diputados que estuvieron presentes en la sesión celebrada entre el 30 y 31 de diciembre de 2019.
A consecuencia de lo antes referido, Silvano busca que el Congreso retome la votación celebrada el año pasado, pero no sólo eso, sino también burlar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ésta le impide consumar la adquisición de la millonaria deuda antes mencionada.
Pese al escenario aquí expuesto, en la iniciativa con que Silvano propone reformar la Ley de Ingresos 2020, se precisa que de la deuda de los 4 mil 90 millones de pesos, a las arcas estatales han sido depositados 2 millones 45 mil pesos por parte de Banorte; mientras que los 2 millones 45 mil restantes no han sido liberados por BanBajío.
“El día 08 de julio de 2020 el Gobierno del Estado recibió la transferencia de los recursos por parte de Banorte, en estricto cumplimiento al contrato celebrado entre ambas partes. Sin embargo, a la fecha Bajío no ha cumplido con la obligación de ministrar los recursos ni ha notificado causa justificada para no hacerlo”, según se lee en la exposición de motivos de la iniciativa que Silvano Aureoles le hizo llegar al Poder Legislativo.
En tanto, se espera que la iniciativa que envió el Ejecutivo estatal sea turnada a comisiones, a través de la sesión virtual que celebrará el Congreso este jueves, para que el domingo 22 de noviembre se vote de nueva cuenta y se verifique si los números le permitirán a Silvano Aureoles evadir el resolutivo de la SCJN.
Cabe mencionar que la resolución de la Suprema Corte partió de una acción inconstitucionalidad que la bancada de Morena promovió en contra de la Ley de Ingresos 2020, misma en la que se detectaron violaciones sobre el procedimiento legislativo con que fue aprobada.
