Por: Oscar Guerrero / Metapolítica
El gobernador Silvano Aureoles Conejo sí contrató más deuda, pero no duplicó el préstamo que el Congreso de Michoacán le ratificó sobre la noche de este domingo, de manera que su administración sólo dispondría de la módica cantidad de 4 mil 90 millones de pesos, a través de un préstamo negociado con Banorte y BanBajío.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario michoacano precisó que la reposición del proceso legislativo que solicitó para evadir la declaración de invalidez que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del endeudamiento, no implicaría una duplicidad del millonario endeudamiento que le planteó al Congreso desde diciembre de 2019.
“El Gobierno de Michoacán no contrató más deuda, lo que el Congreso del Estado aprobó ayer por la noche (domingo 22 de noviembre) fue reponer el procedimiento legislativo que ya había sido votado, en el mismo Congreso, el 30 de diciembre de 2019”, puntualizó.
Con relación a las declaraciones del perredista, es importante mencionar que Silvano consiguió, por segunda ocasión, que se le aprobara una deuda promovida desde diciembre de 2019 debido a que la Suprema Corte declaró la invalidez del artículo 26 de la Ley de Ingresos de Michoacán 2020, cuyo contenido contemplaba la contratación de 4 mil 90 millones de pesos como deuda para la entidad.
Fue el pasado jueves cuando Aureoles Conejo envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley de Ingresos 2020, bajo la intención de que se convalidara la votación mediante la cual se aprobó la adquisición de más deuda para Michoacán, debido a que ésta no había sido avalada por la votación de mayoría calificada que establece la legislación, cosa que sí sucedió sobre la noche de este domingo.
Para consumo de nuestros lectores, es importante mencionar que el pasado 27 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 26 de la Ley de Ingresos 2020 y, con ello, también del procedimiento que le había dado luz verde a la contratación de una nueva deuda por 4 mil 90 millones de pesos, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad que promovió la bancada local de Morena.
