Oscar Guerrero
Morelia, Michoacán.- El gobierno a cargo de Silvano Aureoles Conejo le propuso al Congreso de Michoacán hacer efectivos tres nuevos impuestos el próximo año: uno por consumo de bebidas alcohólicas, otro más en apuestas y un último por prestación de servicios profesionales y actividades empresariales.
En sumatoria, el gobierno estatal en turno pretende recaudar de los impuestos antes referidos, siempre y cuando obtenga el aval del Congreso del Estado, 64 millones 697 mil 775 pesos.
Con base en el Proyecto de Egresos Estatal correspondiente a 2021, el impuesto propuesto en bebidas alcohólicas sólo impactaría al consumidor, de manera que los productores quedarían exentos, así como los consumidores que compren bebidas con denominación de origen a nivel local, es decir, charanda, mezcal y tequila.
La administración de Silvano Aureoles justifica que el 20 por ciento de lo recaudado, que se traduce en 5 millones 187 mil 639 pesos, irá destinado a los ayuntamientos de Michoacán, en apego al Fondo General de Participaciones.
En lo que se refiere al impuesto a los juegos con apuestas, el Ejecutivo estatal busca que quien participe en este tipo de actividad pague una tasa del 10 por ciento sobre el monto que apueste, así como una tasa del 20 por ciento sobre el monto que gane al jugar.
Otra vez…
Por segunda ocasión, Silvano Aureoles buscará aplicar un impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales y actividades empresariales, sin importar que en diciembre de 2019 dicha propuesta fue descartada por el Congreso, a consecuencia de la presión y descontento que emanó del sector privado local.
Justificándose con la crisis sanitaria del COVID-19 y las repercusiones económicas que han acompañado a la misma, Aureoles Conejo insistió en que se hagan efectivos los impuestos cedulares en el estado, a fin de recaudar un 2 por ciento sobre el pago a personas físicas que realicen actividades empresariales o bien, presten algún servicio profesional.
Por este impuesto, el gobierno de extracción perredista busca recaudar al menos 15 millones de pesos, según se expone en el Proyecto de Egresos que el Ejecutivo le hizo llegar al Legislativo.
De la opinión de los diputados locales poco se conoce, pues hace apenas unos días el trabajo del Congreso se enfocó en la ratificación de la deuda de 4 mil 90 millones de pesos que el gobernador solicitó desde diciembre de 2019, aun cuando prevalece un proceso de litigio en contra de ésta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
