La penetración del narco tiene relación con factores culturales y económicos, y también de manera directa con la inutilidad del estado mexicano. Así lo señala un estudio elaborado por tres profesionales mexicanos para la revista Iberoamericana. En síntesis, la idea general entre los habitantes es que “las autoridades no hacen nada, y cuando uno se queja es peor”. Metapolítica rescató el análisis, tras considerarlo un buen compendio de lo que durante años han denunciado –sin éxito– centenares de expertos distintos.
Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Dos de cada 10 personas tiene algún familiar o amigo que ha estado en algún incidente con el narco. Cuatro de cada 10 sabe que los integrantes de los grupos del crimen en sus localidades viven en la comunidad o han vivido en ella. Cuatro de cada 10 conocen a algún conocido que actúa directa o indirectamente con el crimen. Seis de cada 10 toleran que grupos criminales se hagan cargo de la seguridad. Siete de cada 10 asume que buscaría al narco para dirimir conflictos cotidianos que la justicia no resuelve. Ocho de cada 10 aseguran que si uno no se “mezcla”, no corre peligro.
Las cifras son reveladoras: en 2020, la Tierra Caliente michoacana sigue siendo una narcocultura.
Es el resultado del estudio “La Fragilidad Institucional del Estado Mexicano ante la Delincuencia Organizada. El caso de Michoacán”, elaborado por los expertos Zoe Infante, Priscila Ortega y Jerjes Aguirre y publicado en mayo de este año con el apoyo de Iberoamericana, Revista Nórdica de Estudios Latinoamericanos y Caribeños.
Los autores, que admiten haber quedado sorprendidos por algunos resultados, realizaron 50 entrevistas a profundidad a habitantes de los en los municipios de Apatzingán, Nueva Italia y La Huacana. Desde ahí trazaron las cifras.
LAS CIFRAS
“El 80% de los entrevistados resalta haber escuchado algún comentario o tenido alguna vivencia relacionada con el crimen organizado. El 20% de los entrevistados señaló tener conocimiento de algún familiar o amigo cercano que se ha visto involucrado en algún incidente relacionado con el crimen organizado. El 40% de los entrevistados señaló conocer o tener algún conocido que interactúa o ha interactuado directa o indirectamente con grupos delincuenciales”, asegura el estudio.
Los autores, que admiten haber quedado sorprendidos por algunos resultados, realizaron 50 entrevistas a profundidad a habitantes de los en los municipios de Apatzingán, Nueva Italia y La Huacana. Desde ahí trazaron las cifras.
Pero los números son solo una parte. Los investigadores también exhiben la relatividad moral de muchos de quienes aceptaron dar su testimonio.
“Sorprendentemente el 60% de los entrevistados se muestran conformes con el hecho que grupos distintos a las autoridades formales establezcan ciertas condiciones de orden en la comunidad, y que se perciba temor de que las actividades delictivas puedan ser ‘penalizadas’ por el crimen organizado”.
Respecto de la incertidumbre que genera convivir a diario con grupos delincuenciales, los expertos concluyeron que en realidad no representa mayor problema.
“(Los entrevistados) manifiestan que la mayor parte de los muertos y víctimas (…) son personas involucradas con los grupos delictivos y que las personas que no se involucran con la delincuencia organizada no tienen de qué preocuparse. Esta afirmación se repite en el 80% de las entrevistas, lo que demuestra cierto grado de tolerancia al crimen y de confianza de que sin el involucramiento en las actividades de estos grupos no hay mayor problema”.
También abordan la penetración de los grupos de poder ilegales en el imaginario cotidiano de las personas.
“El 70% de los entrevistados señaló que de existir una situación grave en la cual no se pudiera recurrir a la ley, ellos considerarían la búsqueda de estos grupos para buscar alternativas de solución expeditas a sus problemas”.
Y destaca la convivencia cotidiana.
“El 40% de los entrevistados sabe que los integrantes de los grupos del crimen en sus localidades viven en la comunidad o han vivido en ella. Más aún, algunos entrevistados señalan como legítimas las actividades de los criminales en función de ‘defenderlos’ de otros grupos delincuenciales”.
Los entrevistados manifiestan que la mayor parte de los muertos y víctimas son personas involucradas con los grupos delictivos y que las personas que no se involucran con la delincuencia organizada no tienen de qué preocuparse.
LAS CAUSAS
Los expertos afirman que una de las causas de esta descomposición es la ausencia o colapso de las instituciones (gobierno, familia, escuela, iglesia etc.) y las relaciones comunitarias que tradicionalmente motivan las relaciones de cooperación entre las personas.
De esa tesis central, explican, se derivan muchas otras.
“Existe un cierto elemento de orgullo regional en la presencia de los grupos criminales. Los entrevistados manifiestan que los terracalentanos han sido gente ‘brava’ y que no están acostumbrados a la opresión ni a la autoridad. La presencia y fama de los grupos delincuenciales focalizados son factores que parece presentarse como elemento de prestigio regional”.
También aborda los supuestos beneficios que entregan estos grupos.
“Los entrevistados manifestaron haber escuchado que los grupos criminales realizan diversas acciones en ‘beneficio’ de la comunidad como evitar que los jóvenes hagan ruido o beban cerveza en las calles, evitar que los esposos golpeen a sus esposas o castigar a los delincuentes comunes (ladrones, abigeatos, estafadores, etc.) o castigar delitos mayores como los violadores”.
Existe un cierto elemento de orgullo regional en la presencia de los grupos criminales. Los entrevistados manifiestan que los terracalentanos han sido gente ‘brava’ y que no están acostumbrados a la opresión ni a la autoridad.
Y esa percepción, aseguran, se relaciona directamente con la ausencia de las autoridades oficiales.
“Ligado a la aceptación de los grupos delincuenciales como fuente de autoridad se encuentra la legitimidad de las instituciones. Los entrevistados conceden en sus entrevistas que los grupos delincuenciales constituyen una fuente última de autoridad para dirimir conflictos que pudieran aparecer como perdidos o largos en los ámbitos legales establecidos para la resolución de conflictos”.
“Existe una pérdida de la institucionalización de las normas sociales que permiten regular la conducta de los individuos en nuestro país”, señalan, “y esto en buena medida ha sido consecuencia de la omisión y colusión del Estado mexicano al crimen organizado. Los entrevistados hacen referencia a que las instituciones gubernamentales no hacen nada ante la denuncia y, al contrario, corren riesgos al hacerlo”.
Para los expertos, la penetración de grupos delincuenciales tiene relación con la necesidad de contar con agentes externos legitimados para dirimir conflictos de cualquier tipo.
“Los grupos criminales entendieron bien el vacío institucional y de autoridad existente en México y en Michoacán y la aceptación que podría tener una figura de autoridad que impusiera reglas claras a la convivencia de la sociedad aun cuando estos grupos actuaran al margen de la ley y de las instituciones establecidas. (…) De hecho, el discurso de estos grupos delincuenciales adquiere cada vez más un tono social reivindicatorio que no se observa en otros grupos criminales”.
Existe una pérdida de la institucionalización de las normas sociales que permiten regular la conducta de los individuos en nuestro país, y esto en buena medida ha sido consecuencia de la omisión y colusión del Estado mexicano al crimen organizado.
Y esa ausencia no solo es simbólica, sino real.
“Existe un claro debilitamiento de la institución política, económica y familiar. Durante las últimas tres décadas se ha experimentado un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha implicado también un bajo crecimiento de los ingresos per cápita, ha crecido la desigualdad y la pobreza y esto refleja que no existe un solo indicador económico que muestre que los mexicanos hayan mejorado sus condiciones de vida material”.
Ante esa realidad económica, “las organizaciones criminales se desarrollan en zonas geográficas que aceptan los servicios que las organizaciones criminales ofrecen. Los grupos criminales ofrecen cierta seguridad comercial y jurídica que no pueden ofrecer las instituciones establecidas. Asimismo, existen beneficios económicos de las actividades del crimen organizado que las propias comunidades valoran, como la mayor liquidez para la compraventa de inmuebles, gastos en servicios suntuarios y financiamiento a diversas actividades productivas”.
Otro factor, afirman, es que en casi todos los casos los miembros del crimen organizado son cercanos o familiares.
“Un segundo elemento es el conocimiento de que miembros del grupo criminal pertenecen o son conocidos de las mismas comunidades.
“Los resultados de las entrevistas parecen confirmar que los grupos criminales en Michoacán cuentan con una presencia social importante”, agregan. “Constituyen parte de la realidad social contemporánea de la entidad (…). Esta situación refleja un enraizamiento en el tejido social de los grupos delincuenciales por motivos que no únicamente tiene que ver con el temor a la represalia sino con la aceptación tácita del orden relativo que estos grupos imponen en muchas comunidades”.
En conclusión, aseguran, existe una relación ambivalente entre las personas y la delincuencia organizada.
“Los entrevistados parecen manifestar actitudes encontradas en relación con la presencia de grupos del crimen organizado. Por un lado, existen aspectos que aprecian como positivos en estos grupos en la sociedad; por otro se espera que su presencia termine y que sean las leyes las que normen la convivencia entre los ciudadanos”.
CAPITALISMO SALVAJE
Los autores del estudio coinciden en que el origen de la penetración cultural y material del crimen organizado tiene una causa completamente identificable y específica: el dinero.
Según su análisis, en México “se ha hecho un fuerte énfasis en el triunfo monetario de los individuos por sobre otros valores como la legitimidad de los medios para lograrlo.
“De acuerdo con la teoría de la anomia institucional”, prosiguen, “los valores económicos influyen las instituciones no económicas, como la familia, para debilitar los valores comunitarios y los valores sociales, dando como resultado que los controles sociales se reduzcan”.
Los autores del estudio coinciden en que el origen de la penetración cultural y material del crimen organizado tiene una causa completamente identificable y específica: el dinero.
Para los autores “esta teoría nos permite explicar lo que México ha experimentado durante las últimas décadas (…). El objetivo de ganar dinero y reconocimiento social se encuentra por encima de valores esenciales como la vida y el respeto a los demás. El fin y sinónimos de éxito que significa el dinero obnubilan los medios muchas veces atroces para conseguirlos”.
Y lo comprueba el hecho de que “la mayor parte de los delincuentes y miembros del crimen organizado pertenecen a los sectores más humildes y pobres de la sociedad para los cuales el objetivo del logro social, el dinero, se da a partir de actividades y comportamientos criminales justificados en aras del logro del recurso económico”.
El objetivo de ganar dinero y reconocimiento social se encuentra por encima de valores esenciales como la vida y el respeto a los demás. El fin y sinónimos de éxito que significa el dinero obnubilan los medios muchas veces atroces para conseguirlos.
Para el análisis, se trata de un problema que permea a todo el país y no solo a la Tierra Caliente.
“Los mexicanos son bombardeados cotidianamente con imágenes de lujo, éxito y bienes materiales que nunca estarán a su disposición. Es previsible que la frustración de estas imágenes se convierta en actitudes antisociales como el enrolarse en las filas de la delincuencia, máxime cuando las posibilidades de ser detenido por conductas ilegales son mínimas en México”.
PROBLEMA, NO SOLUCIÓN
Para los autores del estudio, en el debilitamiento de la institucionalidad pública mexicana han cumplido un rol central los gobernadores estatales.
“De particular importancia es la figura de los gobernadores mexicanos. De acuerdo con Granados, estos presentan las siguientes características: mayor presencia mediática, alta movilidad, amplios espacios de maniobra y manejo de los intereses locales, control de sus formaciones partidistas y una gigantesca bolsa presupuestal.
Los mexicanos son bombardeados cotidianamente con imágenes de lujo, éxito y bienes materiales que nunca estarán a su disposición. Es previsible que la frustración de estas imágenes se convierta en actitudes antisociales.
“Pero, al mismo tiempo, carecen de lo que pudiera llamarse una agenda nacional, sus relaciones con el gobierno federal son heterogéneas y con frecuencia responden a demandas individuales, deciden en función del corto plazo y, lo más sobresaliente, su noción de éxito tiene que ver básicamente con objetivos políticos y no con variables de desarrollo y bienestar”.
Estos espacios de maniobra, indican, solo consiguieron desordenar aún más la ya frágil convivencia entre distintos grupos o personas.
“El centralismo en el poder que gozan ahora los gobernadores mexicanos emergió como factor de control político ante la ausencia de un elemento de cohesión en la figura del presidente. Los gobiernos de las entidades federativas, al no tener la contención de poder que el presidencialismo tenía sobre ellos, empezaron a operar como poderes independientes”.
La consecuencia directa, aseveran, es el rechazo abierto a estas figuras de autoridad.
“Las instituciones en los gobiernos estatales han perdido legitimidad ante la sociedad, particularmente las instituciones de seguridad pública y de administración de justicia. Los escándalos de corrupción e ineficacia de policías y tribunales son conocidos por la mayor parte de los ciudadanos.
“De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional Fierro, los ciudadanos consideran que la justicia no funciona bien por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales. La gran mayoría de la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad. A su vez que asocia la violación de los derechos humanos con el poder y las autoridades. En lo que respecta a la policía, de acuerdo con la misma fuente, esta se encuentra en el último lugar de confianza en las instituciones”.
Las instituciones en los gobiernos estatales han perdido legitimidad ante la sociedad, particularmente las instituciones de seguridad pública y de administración de justicia. Los escándalos de corrupción e ineficacia de policías y tribunales son conocidos por la mayor parte de los ciudadanos.
Finalmente los autores plantean como posible solución general identificar correctamente las causas de este fenómeno.
“Una explicación integral a la emergencia de grupos del crimen organizado tendría que partir de un enfoque dual que considere una connotación estructural, referida a los niveles de ingreso y bienestar, y una explicación cultural, que considere una complejidad de factores sociales que crean un entorno apropiado al crimen organizado. Un tercer elemento tendría que incorporar factores institucionales relacionados con la legitimidad de las instituciones y los vacíos de poder que se han creado como consecuencia de la transición democrática del Estado”.
