-La reforma penal, busca castigar tanto a los patrones en el ámbito privado, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días de multa; y si se trata de un servidor público de uno a seis años.
América Juárez Navarro / Metapolítica
Morelia, Mich., Ante lo común que es la práctica de firma anticipada de la renuncia a trabajadores que son contratados en la iniciativa privada y en el ámbito público, el diputado Ernesto Núñez Aguilar presentará ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal que propone castigar con cárcel y multas, a los patrones que incurran en este tipo de prácticas, será agravada cuando sean funcionarios públicos.
“Una silenciosa pero muy grave y extendida forma de corrupción del sector patronal es pedir a los empleados, en el momento mismo momento de su contratación, firmar su renuncia anticipada para evitar posibles laudos condenatorios por despidos injustificados”, dijo el diputado local.
El diputado del Partido Verde Ecologista indicó que la iniciativa busca sancionar al que obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de sus derechos, o le imponga obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, “ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada será acreedor a una sanción, para evitar que las empresas usen este argumento para faltar a sus responsabilidades”, indicó.
También mencionó que esta práctica llegan a recurrir a estrategias como el no pago oportuno de sueldos, al maltrato, presión psicológica, cambio de condiciones de trabajo, exigencias adicionales y un sin número de artimañas con el fin que el trabajador decida que lo mejor es conseguir un nuevo trabajo y marcharse.
El legislador propone adicionar un artículo 271 bis, en el mismo se refiere: “Al que obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le imponga obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a trecientos días de multa y si se trata de un servidor público de uno a seis años”, comentó.
