Oscar Guerrero | Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la posibilidad de que el Gobierno de Michoacán promueva la aplicación de impuestos ecológicos, tal y como lo hizo el Congreso local desde 2019, bajo la presión del sector empresarial del estado.
En maratónica sesión, la Suprema Corte “invalidó la contribución por extracción de materiales denominada impuesto ecológico porque el Congreso local carece de facultades y se violan principios de justicia tributaria”.
Para consumo de nuestros lectores, es importante mencionar que, desde 2019, el Gobierno de Michoacán planteó, a través de su proyecto de Ley de Hacienda, la aplicación de cuatro impuestos ecológicos, cuyo nivel de recaudación pretendía ser de cuando menos 13 mil pesos por cada uno de éstos.
La propuesta fue desechada por el Grupo Parlamentario de Morena, más tarde por el sector empresarial. En conjunto, promovieron acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aun cuando el Congreso ya se había pronunciado en contra de la aplicación de los impuestos referidos, la SCJN acompañó dicha postura y declaró la invalidez de los mismos.
Durante la sesión, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que, “entre más se explica el impuesto, para mí, más notoria es la inconstitucionalidad por incompetencia. Prácticamente todo lo que se ha dicho de este impuesto es materia federal, votaré en contra – como lo he hecho en los precedentes– y emitiré nuevamente un voto particular”.
En medio de la respuesta que dio el órgano impartidor de justicia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo planteó tres nuevos impuestos para el ejercicio fiscal de 2021: uno por consumo de bebidas alcohólicas, otro más en apuestas y un último por prestación de servicios profesionales y actividades empresariales.
En sumatoria, el gobierno estatal en turno pretende recaudar de los impuestos antes referidos, siempre y cuando obtenga el aval del Congreso del Estado, 64 millones 697 mil 775 pesos.
