Metapolítica
Morelia, Michoacán.- “Voy a hablar con el presidente de la Corte Suprema y el lunes te daremos una respuesta”.
Fue el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la periodista independiente Judith Valenzuela, la madre de “Rafael”.
Se trata de Rafael Méndez Valenzuela, detenido el 22 de enero de 2008 aun cuando distintos organismos —entre ellos la ONU— ya han establecido que no cometía ningún acto ilegal.
Pero además la su sentencia fue cumplida desde hace más de un año, pese a lo cual sigue en prisión y ha sido víctima de tortura. Según el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas –en su opinión 14/2019–, el joven –hijo de ha sido víctima de detención arbitraria durante casi 13 años.
El presidente se mostró decidido a resolver el tema.
“Le pregunto a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, como especialista en Derecho, ¿puedo indultarlo? Porque si es así, lo hago hoy mismo”.
“Para dar un indulto debe haber una sentencia, y en este caos no la hay”, respondió la aludida.
López Obrador anunció que presentará una queja ante la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces en el caso del Rafael fue conforme a derecho.
Y además encargó a Olga Sánchez Cordero analizar el caso a fondo para encontrar alguna solución jurídica, con lo cual espera tener una respuesta el próximo día lunes.
“Con los antecedentes del caso, un juez sensible lo dejaría en libertad inmediatamente”, aseguró la secretaria de Gobernación.
El presidente también aseguró que “al Poder Judicial lo caracteriza la demora en cuanto a la impartición de justicia”.
Los hechos
Según un recuento de la revista Proceso, Rafael Méndez Valenzuela fue detenido el 22 de enero de 2008 junto con sus acompañantes mientras transitaban por el municipio de Valle de Bravo, Estado de México.
Los uniformados argumentaron que viajaban en un vehículo con reporte de robo, tras lo cual Méndez fue torturado por agentes estatales en el bosque de Valle de Bravo, por efectivos del Ejército y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en instalaciones militares y por agentes federales en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Bajo esa presión aceptó firmar documentos en los que aceptaba ser miembro de La Familia Michoacana.
Mendez acusó más tarde a sus captores ante el Grupo de Trabajo de la ONU, pero ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptaron tramitar una queja por los hechos.
Fue sentenciado a 17 años de prisión, que sus abogados lograron rebajar a 10. El plazo se cumplió el 2 de marzo de 2018, pero la víctima no ha sido liberada y continúa su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social 8, en Guasave, Sinaloa.
