Héctor Tapia
Hay diversos pendientes y ordenamientos legales que no se han atendido desde hace un año por la falta de presupuesto y, de manera adicional, en pleno proceso electoral tampoco se prevén el techo presupuestal que demandará la operatividad en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
A partir de diversas reformas aprobadas en el Congreso local, con las que se dieron mayores atribuciones al Tribunal Electoral local, se debieron crear áreas, contratar más personal para atender esas nuevas atribuciones, esto desde el 2019; sin embargo, esto no ha sido posible por la falta de recursos.
De acuerdo a la magistrada Yurisha Andrade Morales, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, estas circunstancias no dejan un panorama fácil al organismo electoral jurisdiccional, por lo que se espera también sensibilizar al legislador para que tome en cuenta una serie de factores, frente al proceso de discusión del Paquete Presupuestal para el 2021.
Para el ejercicio fiscal 2020 el Congreso aprobó en su momento 71 millones 247 mil 852 pesos, y para el siguiente año de acuerdo al proyecto de presupuesto presentado, este sería de 99 millones 702 mil pesos, cifra menor a lo que proyectó el organismo jurisdiccional que fue de 229 millones de pesos.
En entrevista dijo que tanto para el cierre del presente año como para el siguiente, que es pleno proceso electoral, el presupuesto es importante para la operatividad.
“Estamos a medio proceso y este año ha sido medio complejo debido a la pandemia, y lo que avizoramos es que incrementarán los asuntos jurisdiccionales” que tendrán que atender.
Para el caso particular de la violencia política, refirió que el 60% de los casos que actualmente llevan ante el tribunal son por esta causal, y que una vez que se comiencen a definir candidaturas se prevé puedan incrementar.
Explicó que “para este ejercicio fiscal no se presupuesto la parte proporcional al proceso electoral, eso nos ha ocasionado inconvenientes, porque han incrementado los casos, se tendría que haber contratado más personal para atender los temas de manera muy a tiempo”.
Dijo que “apelando a la sensibilidad del legislativo y siendo conscientes de la situación del país, esperemos que si haya un incremento para el 2021, porque sí se requerirá contratar más personal, necesitamos más actuarios, escribientes, eso si nos implica mayor carga laboral, y se carga a la gente muchísimo trabajo”.
Explicó que para cada proceso electoral se contratan más secretarios proyectistas, escribientes, actuarios, personal que apoye al área administrativa, sin contar que está pendiente el cambio de sede a un espacio más amplio, dado que donde están incluso, en medio de la pandemia, sí es propicio para incrementar riesgos sanitarios.
Además, se está planteando hacer una recategorización en el personal, “los antecedentes es que no se ha incrementado desde hace años, y no se ha dignificado el salario del personal, y ganan muy poco, y no se le puede exigir extenuantes cargas de trabajo, eso también es muy importante y que necesitamos”.
Añadió que en los últimos años el Congreso del Estado ha hecho reformas importantes, y que les ha generado mayores obligaciones que no se han cumplido, por la falta de presupuesto.
Al momento se ha incumplido con lo que ya ordena la Ley General de Archivos, no se ha creado el área como se mandata, se tuvo que haber implementado desde junio del año pasado, “vamos desfasados, esto implica incremento de personal”.
También se creó la defensoría de derechos políticos electorales, y está por ley en el código electoral desde diciembre del 2019, y que por la misma insuficiencia presupuestaria tampoco se ha echado a andar.
Otro mandato reconocido ya en el reglamento interno, y se ha incumplido, y se requiere una estructura, es la dirección de Medios Alternos de Solución de Controversias, también desde el 2019 está reconocido.
“Toda esta estructura legal que es por mandato legal tenemos que implementarla, no la tenemos y requerimos presupuesto”, explicó, y aseveró que esto no es por antojo del tribunal, sino que se está incurriendo, incluso, en una omisión por no implementarse.
