Encarcelar a los mexicanos puede ser un negocio redondo para los particulares que mantienen los 10 recintos penales privados que hay en el país. El tema no es nuevo, pero esta semana adquirió nuevos bríos luego que el presidente López Obrador anunciara que investigará supuestos abusos en el penal de Buenavista Tomatlán. Las empresas proveen de todos los servicios a los presos, y cobran al estado mexicano por ello. La ecuación es simple: mientras menos gastan en una reinserción efectiva, más dinero ganan. Una aberración estructural que aterrizó en el país como otra de las nefastas herencias del expresidente Felipe Calderón.
Por Eduardo Pérez Arroyo
Morelia, Michoacán.- Mejores instalaciones.
Pero no mejor acceso a la salud. Ni mejor régimen de visitas. Ni mejor aprovechamiento del espacio. Ni mejores índices de maltrato y violencia entre internos. Ni de relación con los funcionarios. Ni de abusos de custodios a prisioneros. Ni de castigos. Ni de violencia en los allanamientos. Ni de acceso a programas sociales.
Y a todo lo anterior hay que sumar el riesgo constante de politizar un área tan sensible como la seguridad pública. Una politización en el peor de los sentidos:
subordinar políticas públicas a intereses particulares.
“Lo que está en juego es la cesión de la conducción de las políticas y responsabilidades estatales en materia de ejecución penal y su trascendencia para la vida de miles de personas y para el conjunto de la sociedad”, dice uno de los informes de especialistas mexicanos consultados para este texto.
Y a todo lo anterior hay que sumar el riesgo constante de politizar un área tan sensible como la seguridad pública. Una politización en el peor de los sentidos: subordinar políticas públicas a intereses particulares.
La realidad es una y contundente:
las cárceles privadas en México son un jugoso negocio para corporaciones privadas, pero un pésimo negocio para el país.
Una realidad que ya es conocida y que comprueban numerosos estudios nacionales e internacionales, y que reflotó esta semana ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar la situación del detenido Israel Vallarta en el Centro Federal de Readaptación Social 17 de Buenavista Tomatlán, Michoacán.
El caso de Israel Vallarta, hasta la fecha detenido sin juicio por el sistema penal mexicano, es un buen ejemplo de los vicios del sistema. En síntesis, el modelo de cárceles privadas instaurado durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y operado por el entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, no sirve. Opacidad, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y otras múltiples consecuencias negativas son el resultado de un esquema cuestionado en todo el mundo, y que en México se instaló —al menos oficialmente— para mejorar la operatividad y reducir costos.
Pero que no ha mejorado la operatividad ni ha reducido los costos. Al contrario. Fuera de los errores de funcionamiento señalados, las cifras son claras:
una cárcel pública llega a gastar un máximo de 400 pesos por cada preso que permanece en sus instalaciones por día. El precio de una cárcel privada casi cuadruplica ese monto: mil 500 pesos por cada preso al día. Así lo dicen dos estudios distintos consultados.
Hoy, México paga más que antes por tratar peor a sus internos.
En síntesis, el modelo de cárceles privadas instaurado durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y operado por el entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, no sirve. Opacidad, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y otras múltiples consecuencias negativas son el resultado de un esquema cuestionado en todo el mundo
Pero la ecuación encierra otra aberración estructural: mientras más presos, más dinero gana la empresa que sostenga a una cárcel. O lo que es lo mismo:
en México, encarcelar a la gente es un negocio redondo.
La ecuación es simple. Todos los servicios de una prisión —agua, comida, lavandería— están en manos de la empresa que controla el penal. La excepción es la seguridad, que por ley debe estar en manos de la Secretaría de Seguridad Pública. Un modelo que ha sido cuestionado hasta el escándalo en países con larga —y negativa— experiencia en el tema como Chile, Australia y, especialmente, Estados Unidos.
Los contenidos aquí expuestos se fundan en cinco estudios, dos correspondientes a México y sobre la experiencia internacional. A ello se agregan notas de prensa, versiones de expertos y hechos empíricos relacionados con el modelo.
Este es el resultado de este abordaje al fallido modelo de cárceles privadas en México.
LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El inicio del modelo de cárceles privadas tiene larga data, aunque su versión actual comenzó en Estados Unidos en los años 70. Un país con larga tradición: desde siglos anteriores sus prisioneros eran arrendados, utilizados o incluso prestados como mano de obra barata.
Más tarde, en 1974 el presidente Richard Nixon permitió formalmente el empleo de reclusos que, bajo la Ley Federal de Rehabilitación del año 1965, podían trabajar y ganar dinero por ello.
La idea parecía razonable, pero en el camino de transformó en algo distinto. En la actualidad Estados Unidos tiene más prisioneros que ningún otro país en el mundo. Hoy casi el 1% de su población total, esto es, más de dos millones de personas, está en la cárcel. Una cifra que impacta también a nivel mundial: los presos estadounidenses representan el 25% de los prisioneros en el mundo.
El hecho es que la ola de la privatización de centros penitenciarios se ha convertido en una muy interesante industria. La modalidad ha tocado todos niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, y fue el modelo para varios países, entre ellos México. Y que hoy está en retirada.
“El antecedente de este esquema a nivel internacional es el modelo de prisiones 100% privadas, mismo que ha caído en desuso en países como Estados Unidos y Reino Unido tras más de tres décadas de operarlo”, dijo en octubre del 2017 el portal Expansión. “Las críticas de organizaciones de derechos humanos apuntan a que estas cárceles tienden a ser menos seguras y a propiciar abusos”.
El hecho es que la ola de la privatización de centros penitenciarios se ha convertido en una muy interesante industria. La modalidad ha tocado todos niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, y fue el modelo para varios países, entre ellos México. Y que hoy está en retirada.
Pero no es lo único. A la escasez de beneficios tangibles se suma el riesgo de politizar el manejo de la seguridad pública. Algo que en Estados Unidos ya sucedió.
“Ejecutivos de dos de las empresas de prisiones privadas más grandes del país han estado donando grandes sumas al presidente Donald Trump y a los candidatos republicanos en las elecciones de noviembre, que —una de las corporaciones cree— darán paso a un repunte en los precios de sus acciones”, reportó en su momento una nota del periódico La Voz de Arizona.
Y agregó:
“George Zoley, fundador y CEO del GEO Group, donó 514 mil 800 dólares a los republicanos y apenas 10 mil dólares a los demócratas en el actual ciclo electoral, según revelan los archivos financieros de las campañas. De acuerdo con el Center for Responsive Politics, una organización sin fines de lucro, personas y grupos vinculados con GEO donaron más de 1,7 millones de dólares, mayormente a los republicanos”.
Un negocio redondo.
Pero no solo ocurre en Estados Unidos: América Latina también ofrece buenos antecedentes sobre la inutilidad de privatizar las cárceles.
El país más adelantado en ese sentido es Chile, cuyo modelo de desarrollo —hoy cuestionado irreversiblemente desde el estallido social iniciado en octubre de 2019— es en la práctica un opaco intento de emular a Estados Unidos.
El estudio Cárceles concesionadas en Chile: evidencia empírica y perspectivas futuras a 10 años de su creación, publicado en diciembre del 2017 por los sociólogos Guillermo Enrique Sanhueza y Francisca Pérez, es elocuente.
“En Chile el sistema de concesión de cárceles nace en el año 2000 como respuesta a los graves problemas de hacinamiento que enfrentaba el sistema penitenciario en aquel entonces. En noviembre del año 2005 se inaugura el primer centro penitenciario concesionado en la ciudad de Rancagua, dando así cumplimiento al primer paso de uno de los ejes principales de la política pública en la agenda de justicia 2006-2010”, dice el informe.
De ahí en más, todos son problemas. Los principales que señala el estudio son:
- En lo relativo a la presencia de baños en buen estado, limpieza del lugar en que duerme y acceso diario a una ducha, es posible constatar que las cárceles concesionadas presentan una ventaja significativa en relación a las tradicionales.
- En cuanto al acceso y calidad de los servicios de salud, existen diferencias estadísticamente significativas que muestran peores percepciones del servicio de salud en las cárceles concesionadas que en las tradicionales.
- En lo respectivo a las visitas, las cárceles concesionadas reportan significativamente peores resultados que las tradicionales de la muestra.
- Las cárceles tradicionales consideradas en la muestra tuvieron un promedio de 1,3 en el indicador de maltrato, lo que deja en evidencia que este tipo de malos tratos se darían con mayor fuerza en el caso de las cárceles concesionadas que en su contraparte estatal.
- La relación con funcionarios sería peor en los centros concesionados que en el sistema tradicional.
- Los auto-reportes de internos/as en cuanto a haber sufrido ya sea violencia física o psicológica de parte de otros internos(as) no presentó diferencias estadísticamente significativas entre ambos sistemas.
- Respecto al maltrato de parte de funcionarios, se reportan promedios más bajos en las cárceles tradicionales que en las concesionadas de la muestra.
- La presencia de castigos muestra que las cárceles concesionadas poseen un promedio mayor número de castigos que las tradicionales.
- En relación a la violencia en los allanamientos, es posible que el promedio es igual en las cárceles concesionadas y en las tradicionales.
- En cuanto a acceso a programas (incluyendo capacitación laboral, trabajo remunerado, actividades deportivas, asistencia a la escuela penal, taller psico-social y taller artístico-cultural), el resultado muestra (…) que las cárceles concesionadas presentarían un menor de acceso a programas de reinserción social en comparación con las tradicionales.
En resumen, todos los indicadores resultan iguales o peores en un sistema privado que en uno público, excepto la calidad de la infraestructura. Una infraestructura que, por lo demás, en el caso mexicano no está a disposición de los internos.
Pero el informe agrega otro aspecto que en México se replica con exactitud:
“(La organización) Paz Ciudadana tematiza el riesgo de que exista lucro o generación de ganancias con el sistema penal: existe un conflicto de intereses entre la calidad de los servicios entregados y las motivaciones de generar la mayor ganancia a costa de estándares que se degraden”.
En resumen, todos los indicadores resultan iguales o peores en un sistema privado que en uno público, excepto la calidad de la infraestructura. Una infraestructura que, por lo demás, en el caso mexicano no está a disposición de los internos.
Entre las conclusiones los especialistas señalan que “la incorporación de actores privados en la construcción y administración de cárceles ha traído mejoras visibles en términos de infraestructura penitenciaria. Así, dentro de las fortalezas del sistema de concesiones destaca la buena percepción de los internos respecto a aspectos de la infraestructura tales como el espacio y privacidad de las celdas, el estado de los baños, la posibilidad de ducharse diariamente y el poder dormir en un lugar limpio”.
“Por otra parte”, advierte, “y de acuerdo a la evidencia empírica recolectada, algunos nudos críticos del sistema concesionado tienen que ver con el porcentaje de internos que han reportado maltrato de los funcionarios penitenciarios; con el acceso y calidad a servicios de salud; y con el acceso y calidad de la oferta de intervención psicosocial para los internos/as, todo lo cual parece está mejor posicionado en el sistema tradicional que en el concesionado”.
Respecto de la reinserción de los prisioneros —en el papel el objetivo final de todos los sistemas penitenciarios del mundo—, señala:
“es posible constatar que en ninguno de los indicadores analizados se cumple de manera significativa una de las principales promesas de este sistema: mejorar las intervenciones encaminadas a la reinserción social”.
Por último, vale la pena destacar el caso de Israel, en donde según uno de los informes “la Corte Suprema analizó el sistema penitenciario desde una óptica de derechos humanos, lo que la condujo a establecer que si la reclusión de las personas tenía un fin legítimo, éste se veía desnaturalizado en el momento en que los internos pasaban a constituir un medio para que la empresa privada obtuviera beneficios económicos”.
Un esquema con múltiples desventajas, y también múltiples millones para el bolsillo de los afortunados que lograron entrarle al negocio. Y del que México difícilmente se salva.
“La concesión de activos carcelarios forma parte de la nueva configuración del Estado, pero sus efectos nocivos aumentan cuando las capacidades estatales, específicamente la fortaleza institucional, son débiles”, señala uno de los informes consultados.
Una realidad dramática en el fallido estado mexicano, donde las instituciones brillan por su ausencia.
“Es posible constatar que en ninguno de los indicadores analizados se cumple de manera significativa una de las principales promesas de este sistema: mejorar las intervenciones encaminadas a la reinserción social”.
EL CASO MEXICANO
En México existen hasta la fecha 10 cárceles con participación privada.
Se trata del Centro Federal de Readaptación Social 11, en Hermosillo, Sonora; el Centro Federal de Readaptación Social 12, en Ocampo, Guanajuato; el Centro Federal de Readaptación Social Femenil 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; el Centro Federal de Readaptación Social 14, en Gómez Palacio, Durango; el Centro Federal de Readaptación Social 15, en Villa Comaltitlán, Chiapas; el Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16, en Coatlán del Río, Morelos; el Centro Federal de Readaptación Social 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán; el Centro Federal de Readaptación Social 18, en Ramos Arizpe, Coahuila; el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1; y el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 2.
En el último tiempo, dos informes han abordado directamente la dinámica de estos centros.
El primero de ellos es Privatización del sistema penitenciario en México (en adelante citado como Privatización), publicado en el 2016 por un equipo interdisciplinario compuesto por Documenta/Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; la Fundación para el Debido Proceso; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ; la Universidad Iberoamericana Puebla; el Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.; las Madres y hermanas de la Plaza Pasteur; y la organización México Evalúa.
El segundo es Transformación del Estado y privatización de la seguridad pública: policías privadas, cárceles privadas y gated communities en México (en adelante Transformación), coordinado por Lucía Carmina Jasso López y Matari Pierre Manigat y avalado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los dos son lapidarios: básicamente destrozan el modelo de cárceles concesionadas en el país.
Las cárceles tuvieron problemas desde antes que se construyeran. Entre ellos, el informe Privatización registra los siguientes:
corrupción auspiciada por contratos protegidos durante dos sexenios por cláusulas de secrecía invocando razones de seguridad; construcción de prisiones innecesariamente grandes y sofisticadas para incrementar el monto de los contratos; desviación del gasto social hacia el pago de las amortizaciones y cuotas anuales millonarias que serán cubiertas en el futuro por contribuyentes que ni siquiera han nacido; perversión de los procesos político/electorales como resultado de contribuciones de los contratistas; deformación del discurso público para promover una política de mayor encarcelamiento con penas más largas y más severas invocando los derechos de las víctimas; participación de políticos (beneficiarios de donaciones de los empresarios de las prisiones) en apoyo al discurso de la mano dura; y agencias internacionales favoreciendo a los promotores de la privatización.
Otro aspecto vital que registró el informe es que el ahorro argumentado en su momento por el gobierno en realidad no fue tal. Como ejemplo, señala que de utilizarse el dinero subejercido en el sistema público en realidad no hubiera sido necesario privatizar.
“La evidencia muestra que hay presupuesto estatal suficiente para el sector y que en la aplicación de los recursos ha existido un subejercicio en porcentajes importantes que rondan, por citar el ejemplo referente a 2013, el 40% del presupuesto. Resulta preocupante que, existiendo recursos económicos suficientes, el Estado no los aplique, pero incluso, la incapacidad presupuestaria no podría ser per se una justificación para delegar responsabilidades fundamentales en el sector privado. Es más grave aún que el propio Estado aliente esquemas de mercado en el sistema penitenciario contando con los recursos suficientes”.
Hay más argumentos. Privatización dice explícitamente que
“los servicios médicos son más deficientes; el número de personal es el mismo, pero dado lo extenso de estos centros, parece más escaso y, como consecuencia de ello, las y los reclusos permanecen encerrados la mayor parte del día; sus internas e internos provienen de lugares remotos y han sido trasladados varias veces (como mercancías); y que se utiliza el aislamiento solitario prolongado”.
—Tener una prisión grandotota en vez de tener varias medianitas es más barato, pero también más difícil de manejar —dice Miguel Sarre, experto en derecho penal y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al portal CNN respecto de la falta de personal.
—Como los centros están tan grandes y necesitan mucho personal para manejarlos, lo que hacen es encerrar a los presos todo el tiempo porque no los pueden estar moviendo. Entonces, es una especie de jaula de oro, muy costosa, que no les sirve a los internos —agrega.
Una versión que se repite en varios testimonios integrados en las fuentes consultadas.
“A las limitaciones del Estado para proporcionar personal de seguridad y custodia para cubrir las inmensas extensiones de los centros privados, se agrega la restricción de la movilidad de internos/as, confinándolos en áreas cerradas durante la mayor parte del día (periodo que puede extenderse hasta 23 horas). La falta de personal de seguridad y custodia fue mencionada por la CNDH en los casos del Ceferesos N°13 de Oaxaca y del Ceferesos N° 11 de Sonora”, dice Privatización.
—Tener una prisión grandotota en vez de tener varias medianitas es más barato, pero también más difícil de manejar —dice Miguel Sarre, experto en derecho penal y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al portal CNN respecto de la falta de personal.
Lo del traslado arbitrario de prisioneros es otro factor. Y la razón es absurda: el dinero.
“El estado debe pagar una cuota por la capacidad completa del centro y no por el número de personas privadas de la libertad”, dice el mismo documento. “Esto significa que el gobierno mexicano tiene interés en llenar estos centros porque, de todas formas, tiene que asegurar el pago completo. Este interés se ha traducido en casos de traslados masivos hacia los nuevos centros concesionados”.
En consecuencia, “las decisiones de política pública (tratándose de la privatización de las prisiones) se contaminan con intereses económicos, no respondan a las necesidades sociales, y carezcan de mecanismos de control eficientes”.
Las cifras concretas respaldan la afirmación:
“en el Cefereso N° 16, en Morelos, en los primeros tres meses de operación se trasladaron 1 mil 339 internas, lo que representa 53% de la capacidad instalada del lugar”. Y señala Privatización: “la creación de este único centro femenil en la República, así como los traslados van en contra del derecho a ser internadas en centros más cercanos a sus domicilios (artículo 18 de la Constitución)”.
El documento Transformación avala lo dicho y aporta datos anexos.
“Desde 2013 se detectó que el costo de los penales público-privados es más elevado que en el resto de las prisiones, puesto que el gobierno debe transferir la renta para cubrir el gasto del número total de internos para el que está diseñado el complejo.
“En otras palabras, en 2017 se cubrió el costo por 16 mil 664 internos, pero sólo había 14 mil 253 recluidos en los penales público-privados. En 2018, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que el costo por interno en una prisión público-privada es de 2 mil 400 pesos al día, mientras que en los públicos es de 390 pesos”.
El resultado: mover a los presos arbitrariamente para cubrir los costos de operación.
En cuanto a las empresas, la concesión carcelaria resultó fiel a la larga tradición mexicana de favorecer a los amigos.
“El Estado mexicano ha mantenido el discurso de falta de recursos para alentar la participación de grandes empresas que no necesariamente tienen experiencia en cuestiones penitenciarias, pero que han obtenido beneficios importantes de contratos de obra pública”, señala Privatización. “Así lo realizó el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante la presidencia de Felipe Calderón, o Manuel Mondragón en la presente administración (de Enrique Peña Nieto)”.
En cifras, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) había concesionado a seis empresas privadas la construcción y operación de centros penitenciarios federales con una vigencia de 22 años. Los servicios incluyen lavanderías, comedores y mantenimiento.
Y los privilegiados son unos pocos.
En cuanto a las empresas, la concesión carcelaria resultó fiel a la larga tradición mexicana de favorecer a los amigos.
EL CLUB DE LOS PRIVILEGIADOS
Los análisis comprueban que para adjudicarse la concesión de una cárcel no es necesaria la experiencia en el ramo, sino tener recursos y buenas relaciones.
“A ICA, beneficiaria del rescate carretero de la década de 1990 y declarada en quiebra en 2017, le fue adjudicada de manera directa la construcción de los Ceferesos 11 y 12” señala Transformación. “Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto obtuvo la licitación para construir terminales y edificios aéreos, y para dar mantenimiento a aeronaves del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”.
Otra empresa es GIA+A, encargada del desarrollo del Cefereso Femenil 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz. También fue beneficiada con contratos en el NAICM. Resulta interesante constatar además que la empresa es propiedad del cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero.
Un club de privilegiados.
En el caso de Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Raña, construyó el Cefereso 14 y el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 2, y ha obtenido contratos de asociación público-privada para la construcción de hospitales (“adjudicados de manera directa y opaca por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”).
Respecto de Tradeco, construtó y maneja el Cefereso de Ramos Arizpe y, en medio de oscuridades, desarrolló obras en el sector de la seguridad nacional en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Su presidente Federico Martínez Urmenta tiene cercanía con funcionarios panistas, reporta Transformación, “lo que le permitió obtener diversos contratos”.
La constructora Hermes, del Grupo Financiero Interacciones, es la encargada del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1 y también ha sacado ventaja de los contratos de asociación público-privada. El grupo ha hecho préstamos a los gobiernos estatales y ganó contratos para el desarrollo del NAICM. Pero además hizo de la opacidad su mayor valor:
“en 2016 interpuso recursos judiciales para que la ciudadanía no obtuviera información sobre las deudas contraídas por los tres órdenes de gobiernos; hasta ese año, la constructora había facilitado 1 mil 498 líneas de crédito a distintos gobiernos e instituciones públicas, traducidas en 4 mil 344 contratos”.
Finalmente el grupo Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) es propiedad de Carlos Slim Helú, cuya trayectoria ya está en la memoria popular de los mexicanos.
En suma, apenas una empresa —Tradeco— entre las seis mencionadas tenía alguna experiencia en el rubro de la seguridad.
Pero aún con esas carencias el negocio es redondo. El artículo 21 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas establece que las entidades, en su ejercicio presupuestal anual, “darán prioridad a las obligaciones contraídas en los contratos de asociación público-privada que hayan celebrado”.
En pocas palabras: hay que pagar los empresarios y todo lo demás puede esperar.
Y sin embargo, la generosidad del gobierno no se traduce en mejoras para la seguridad nacional ni —menos— para los prisioneros. “A la luz de la experiencia y la documentación, un esquema de privatización implica costos económicos, corrupción, opacidad y falta de transparencia, ausencia de la sociedad civil en la construcción de la política penitenciaria y violaciones a los derechos de las personas en condición de reclusión”, sintetiza Privatización.
Los vicios de este sistema están altamente documentados en todo el mundo, mediante hechos que pudieron advertir a México de los riesgos que implicaba. “En países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, entre otros, llega a la conclusión de que los servicios prestados en las prisiones privadas no han mejorado las condiciones de las personas privadas de libertad que representaban un problema en las prisiones públicas”.
Hoy, en cambio, México es un buen ejemplo de todo lo anterior.
El artículo 21 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas establece que las entidades, en su ejercicio presupuestal anual, “darán prioridad a las obligaciones contraídas en los contratos de asociación público-privada que hayan celebrado”. En pocas palabras: hay que pagar los empresarios y todo lo demás puede esperar.
CERVEZAS A MIL
“La CNDH indica que los costos no justifican un mejoramiento de las condiciones dentro de los centros privados, ya que este mejoramiento no se ha verificado. Según información compartida por familiares de internos se han registrado dificultades en cuanto a disponer de servicios médicos en los Ceferesos 11, 12, 15 y 16, así como en los CEVASEP I y II. Además, señalaron obstáculos en el acceso a la reinserción social en los Ceferesos 11, 12, 13 y 14 (todos bajo un esquema de CPS), debido a la falta de acceso al trabajo y a la educación” dice el mismo documento.
La causa:
“Las políticas de seguridad de estos centros, que dejan a la persona privada de la libertad encerrada en su celda la mayoría del día”.
Una revisión de los recuadros del documento Transformación permite aclarar el panorama:
“los resultados tienen variaciones en cada uno de los rubros; no obstante, los Ceferesos mejor evaluados son los públicos (Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Cefereso 7, Durango)”.
Otro modelo indica que “los penales con inversión público-privada no obtienen mejores calificaciones con respecto a los públicos, aunque, en general, ningún penal obtiene una calificación de 8.1 a 10”
Y un último recuadro señala una interesante proyección:
“Para 2016 el diagnóstico nuevamente muestra resultados con variaciones en los que ningún Cefereso público-privado se ubica en los primeros lugares. Es el Cefereso Aserradero Islas Marías el que obtiene la calificación más alta, mientras que a nivel estatal el Centro Penitenciario Femenil Saltillo, con financiamiento, manejo y operación públicos, es el que tuvo mejor puntaje”.
Pero una muestra más elocuente sobre el nulo avance en las cárceles privadas es el precio que se paga en el interior por diversos “servicios”, muchos de los cuales constituyen delitos. Al respecto, la lista de Privatización no tiene desperdicio:
200 pesos para entrar comida; 1 mil pesos para ingresar una parrilla; 1 mil pesos para doce cervezas; 1 mil a 2 mil pesos para un calefactor; 1 mil pesos para una televisión; 5 mil a 10 mil pesos para un teléfono celular.
“En este último caso, también se pueden rentar por 2.50 pesos el minuto” señala.
El mismo reporte señala que en el caso del Cereso 2 de Chihuahua en el año 2014 “se denunció el cobro de 7 mil pesos para el cambio de ingreso a un módulo, contra 2 mil 500 para el Cereso estatal 3”.
Un negocio redondo.
EL CASO VALLARTA
“Desde el origen la opacidad y las irregularidades han estado presentes y es difícil determinar en qué actividades participan el sector público y el privado al interior de los complejos penitenciarios”, dice Transformación. “Otro problema de origen es la naturaleza de la asignación de los proyectos para la creación de centros penitenciarios, pues todos los contratos se adjudicaron de manera directa a empresas que no cuentan con experiencia en la construcción y el manejo de este tipo de obras de infraestructura”.
Y hoy numerosos testimonios (todos anónimos por razones de seguridad) exhiben el fracaso de esta política. Los documentos consultados, extraídos de informes oficiales de la CNDH, exponen algunos de ellos.
Se habla de tráfico de drogas:
“ahí adentro de las prisiones hay movimiento de drogas, hay movimiento de todo, que el mismo gobierno lo hace todo eso, y el mismo gobierno lleva y le entrega a una persona para que estén al cargo de todo el negocio de ellos, y esa persona le fía a toda la gente que quiere y si no paga, el mismo gobierno va y los golpea para que paguen todo el dinero”.
También hay testimonios de prostitución:
“se prostituyen las reclusas… van a las fiestas y los narcos y los que están ahí traen lana. Les gusta y luego las piden, le dice a la custodia: ‘me gustó fulana de tal, échamela, échamela’. Luego ahí está tu lana y también a la reclusa”.
“Si una mujer no encuentra trabajo y tiene deudas, tiene que bajar a prostituirse. La que quiere lo hace, no las obligan, pero cuando tienen deudas, ahí sí”, dice otra voz.
Y además se afirma que las jerarquías sencillamente reproducen lo que pasa afuera:
“el que controla no son ni los comandantes, ni el director, ahí el que comanda es un jefe alto del narcotráfico…”
La reciente denuncia de Israel Vallarta, quien permanece sin juicio tras ser acusado en 2005 de liderar una banda criminal junto a su pareja francesa Florence Cassez, es una buena síntesis de todo lo que las cárceles privadas de México hacen mal.
“Ahí adentro de las prisiones hay movimiento de drogas, hay movimiento de todo, que el mismo gobierno lo hace todo eso, y el mismo gobierno lleva y le entrega a una persona para que estén al cargo de todo el negocio de ellos, y esa persona le fía a toda la gente que quiere y si no paga, el mismo gobierno va y los golpea para que paguen todo el dinero”.
En mayo de este año Vallarta acusó que no fue atendido en el penal de Puente Grande tras presentar un caso de COVID-19. Su caso fue difundido en los medios por amigos y familiares, y la propia secretaría de Seguridad confirmó que el interno estaba enfermo, aunque lo atribuyó a faringitis.
Pero mientras tanto, el sistema carcelario mexicano comenzó a operar.
En junio Vallarta fue trasladado del reclusorio federal de alta seguridad de Puente Grande al Cefereso 17 en Buenavista Tomatlán, en Michoacán, junto a otros 379 reos. Según su abogado, la acción puso en riesgo la salud de Vallarta “quien presenta secuelas de haber padecido COVID-19, y no se guardaron las previsiones de contacto con personas privadas de la libertad que no presentan ningún síntoma”.
Fuera de la supuesta culpabilidad o inocencia del inculpado, el caso bastó para que el propio Andrés Manuel López Obrador anunciara que el gobierno federal investigaría el hecho.
“Vamos a atender este asunto en especial”, dijo el presidente. “Se va a investigar lo del director del penal (de Buenavista Tomatlán), ese es mi compromiso. Esta misma semana tendremos información. Le pediré a Alejandro Encinas que atienda este asunto”.
Pero el caso de Vallarta no habría sido el único. El pasado 30 de noviembre el reportero de El Universal, Carlos Arrieta, reportó que los presos del penal de Buenavista permanecían sin agua.
“Esta situación ha provocado riñas entre los reos y que algunos presenten enfermedades gastrointestinales, incluso han amenazado con amotinarse, problema que desde septiembre pasado el director del penal, Julio César Pérez, reportó a sus superiores, sin que hasta el momento se le haya dado solución”. Según la nota, el director responsabilizó a la empresa encargada de proveer el agua.
Hoy, en consecuencia, el sistema de prisiones con participación privada parece ser otro modelo fallido en México.
“En ningún caso hay autogobierno ni manejo interno de estupefacientes ni violaciones a los derechos humanos”, dijo en 2013 el ex Comisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón en medio de la fiebre de concesiones carcelarias. “Todo se está corrigiendo, porque no habrá ninguna violación a las garantías de nadie, ese es el compromiso”.
Pocos le creyeron. En cambio, en octubre de este año el INEGI reportó lo que podría ser una consecuencia directa:
“en México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad lo hacen sin tener todavía una sentencia”. Un ejemplo importado directamente desde Estados Unidos.
El hecho es que hoy, fuera del caso específico que el presidente López Obrador se comprometió a analizar, la realidad subyacente es una:
Las cárceles privadas son una floreciente industria. Y hoy en México resulta un estupendo negocio encerrar, con o sin motivos, a los mexicanos.
