Por: Humberto Urquiza Martínez
Ante los retos que se viven en el actual proceso electoral, todos y cada uno de ellos deberán de enfocarse en garantizar los derechos políticos de las personas (en lo individual) y de las comunidades (en lo colectivo). En este último caso, no solamente a las comunidades indígenas, sino también, a comunidades migrantes y de grupos como mujeres.
Es así, que el proceso electoral debe de enfocarse en garantizar que cada ciudadano mexicano pueda emitir su voto, así como poder postularse a los diversos cargos de elección popular; pero de igual forma, se debe de garantizar que la mujer lo realice, pero en condiciones óptimas que no sean aquellas relativas a la violencia política. Asimismo, se deberá de garantizar el derecho de participación de la comunidad de migrantes en el extranjero, que, ante realidades diversas y necesidades propias de su entorno, el voto debe de posicionarse como una acción fácil de realizar. Por último, está el caso de las comunidades indígenas quienes deberán de contar con condiciones culturalmente propias para participar en el proceso electoral.
En cada uno de esos casos, existe, en mayor o menor medida, una normativa para poder generar condiciones de participación política a partir de las necesidades de cada sector y grupo. Sin embargo, ello no basta, ya que los retos que se tienen en cada caso, cuentan con obstáculos de diversa índole que, durante años ha imposibilitado, por ejemplo, que la mayoría de los ciudadanos puedan votar, que las mujeres participen en condiciones de paz, o bien, que los migrantes lo puedan hacer mediante procedimientos sencillos, y por último, el caso de las comunidades indígenas, que existan diversos mecanismos de elegir a las autoridades y lograr un punto de encuentro entre el sistema indígena y el electoral, tanto en la postulación como en la emisión del voto.
En todos esos casos, se necesita un lugar común, para lo cual, es fundamental que las instituciones electorales: INE, IEM, TEPJF y TEEM, asuman una posición activa frente a los obstáculos y objetivos por alcanzar por cada uno de esos sectores, ya que dejar a que cada movimiento lo haga por si mismo, es insuficiente, más cuando algunas normas, criterios y cultura, incluso desde esas instituciones, hacen difícil transitar a contextos de mayor beneficio para cada sector.
Consecuentemente, es indispensable que los diversos órganos electorales no solamente sean aplicadores de la ley, sino que también deberán de ser empáticos con las necesidades y demandas de cada grupo, entenderlas y creer en ellas, esto es, ser parte de la visión social de cada grupo, para lograr asumir un papel activo y protagonista en beneficio de cada uno de aquellos sectores. En ningún momento el activismo deberá de ser para interés personal del servidor público electoral, aún más, el único objetivo será, generar condiciones diversas para el desarrollo de los derechos de participación política de mujeres, ciudadanos, migrantes y comunidades indígenas.
Lograr lo anterior, permitirá que los obstáculos sean menores y los logros mayores.
En conclusión, para hacer que mujeres, migrantes, indígenas y ciudadanía en general participen en el proceso electoral, no basta con tener la normativa adecuada, si no que es necesaria una postura más abierta y activa de los órganos electorales para poder transitar a modelos más amplios de participación política y garantía de los derechos político electorales. Esto es, una visión social de la responsabilidad electoral de cada institución.
