Oscar Guerrero
Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha sido sujeta a investigaciones tras los hechos que se registraron en Arantepacua en 2017, pese a que, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de un conflicto agrario, en el que intervino la Policía Michoacán, se reportaron cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales en domicilios.
“A la Secretaría de Seguridad Pública no se le determinó ninguna responsabilidad relacionada con estos hechos, sí participaron en el evento, pero no se determinó que ellos hayan estado involucrados en algún exceso o abuso de autoridad, simplemente nos están recomendando que sepamos utilizar la fuerza y que capacitemos al personal”, remarcó el titular de la SSP, Israel Patrón Reyes, durante un acercamiento con comunicadores locales.
El funcionario estatal refirió que la dependencia a su cargo sólo se ajustará a la recomendación que giró la CNDH, a través de la cual se sugirió capacitar a los elementos de la Policía Michoacán en materia de derechos humanos y uso de la fuerza pública.
Aun cuando no se han identificado responsabilidades de la SSP en el caso Arantepacua, “la CNDH acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas el día 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población”.
Asimismo, reconoció “violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura” en contra de los habitantes de Arantepacua.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también recomendó que el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, así como el ex secretario de Gobierno y hoy titular de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís, emitan una disculpa pública por los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen.
