Redacción
Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2020. “La Defensoría Jurídica constituye el rostro más amable del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) ante la ciudadanía; sobre todo, para aquélla en condiciones vulnerables cuyo acceso a la justicia es fundamental garantizar”, destacó hoy el magistrado presidente de este órgano jurisdiccional, Rafael Rosales Coria.
Lo anterior, durante una reunión de encuentro y análisis con las y los integrantes de la Coordinación de la Defensoría Jurídica del Tribunal, la cual presentó poco más de 800 demandas ante el TJAM durante 2020, informó su titular, Áurea Ireri Cupa Tovar.
La Defensoría Jurídica ha sido creada “para ayudar a los ciudadanos más vulnerables a que cuenten con una defensa legal durante los procesos que deben llevar a cabo, y en ese sentido, es una responsabilidad institucional que debe cumplirse, siempre en forma gratuita para los usuarios”, comentó el magistrado Rosales Coria.
También refirió que, pese a ser relativamente joven (tiene 13 años de creación), el Tribunal ha logrado establecerse como un buen referente entre la ciudadanía que requiere de la justicia administrativa en el estado, y que ello se debe “al trabajo de cada uno de quienes ha integrado este órgano jurisdiccional: los que comenzaron y los que estamos trabajando ahora mismo. Es una responsabilidad compartida”.
La coordinadora de la Defensoría afirmó que este compromiso seguirá cumpliéndose a cabalidad durante 2021 pues, “lo más importante para nuestra área es atender a los usuarios, hablar con ellos y atenderlos en todo lo que esté en nuestras manos”.
Vale señalar que, a la fecha, el TJAM cuenta con cinco sedes regionales de la Defensoría en Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora, y Zitácuaro, cada cual desarrolla ahora mismo procesos para su reforzamiento y una mayor difusión sobre los servicios que ofrecen.
Durante el año anterior, la Coordinación presentó en conjunto 819 casos ante el tribunal, producto de los cuales se obtuvo un 78 por ciento de sentencias en favor de los ciudadanos que demandaron actos de autoridad.
