Por: América Juárez Navarro / Metapolítica
Morelia, Mich., Luego de que la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenará al Congreso de Michoacán, integrar la investigación por la presunta violencia política ejercida contra Zenaida Brígido diputada de Morena, el Poder Legislativo se encontraría imposibilitado de realizar dicha acción ya que no se encuentra con ningún procedimiento legal para poder poner llevar a cabo dicha instrucción.
De acuerdo con la diputada Lucila Martínez quién es presidenta de la comisión de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva en el Congreso del Estado, no existe algún lineamiento o protocolo que les permita hacer frente a este tipo de situaciones.
Es que en días pasados la Sala Regional, determinó revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), en dónde se emitían medidas cautelares en este caso y por considerar que existió violencia política, si bien la sentencia de la Sala Regional no se pronuncia sobre la existencia de violencia política contra la legisladora que denunció tal, luego de que en una sesión se le cerraron los micrófonos, si pide al Poder Legislativo abrir una investigación sobre el caso.
Si bien la diputada expuso que presentará una iniciativa, y entrará al tema para dar la certeza a los compañeros y compañeras del Congreso de tener una atención de igualdad y respeto, sostuvo que es urgente la instalación de la Unidad de Género.
Sin embargo, a decir de la diputada local, no existe tal violencia política, en razón de género para ella y para nadie. La sesión donde se le apagó el micrófono fue legal, puesto que era un asunto que debía conocer el Pleno para remitir a comisiones, no había cabida para ningún tipo de discusión.
Agregó que el Tribunal notificará a la diputada la resolución y si ella, considera, tendrá que interponer una queja a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien deberá darle seguimiento en la JUCOPO, porque, de entrada ningún órgano del Congreso tiene la facultad para determinar la existencia o no de violencia política al interior.
