Oscar Guerrero/Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El Gobierno de Michoacán no ha hecho público el reglamento para la aplicación de las medidas coercitivas que nacieron con la reciente aprobación del uso obligatorio del cubrebocas, a lo que se deberá responder con fecha límite a este jueves 28 de febrero, reconoció el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo.
Pese a que no se ha publicado el reglamento que acompaña a la ley para el uso obligatorio del cubrebocas, el Ejecutivo estatal ya tiene registro de cinco detenciones por no portar barbijo, y está en posibilidad de establecer sanciones económicas de hasta dos mil 400 pesos, así como arrestos domiciliarios de 36 horas, en caso de que se omitan las bases de esta ley, cuyo reglamento, hasta el momento, es una incógnita.
“El reglamento está a punto de publicarse, entre hoy y mañana se publica, porque de acuerdo al procedimiento debe publicarse siete días después de entrar en vigor la ley”, declaró el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, durante un acercamiento con medios de comunicación.
Al asegurar que en las próximas horas se hará público el reglamento, destacó que, previo a que esta ley fuera aprobada por el Congreso del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habría capacitado a sus elementos para no incidir en violaciones de derechos humanos al momento de vigilar que esta norma sea respetada.
“Desde que iniciamos la ruta para que esto se convirtiera en ley (el uso obligatorio de cubrebocas), la Secretaría de Seguridad Pública ya había dado una capacitación para los elementos, con la intención de cuidar que no se presenten abusos”, dijo.
No hay reglamento, pero sí detenidos
Con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, cinco personas han sido remitidas a “barandillas” en los municipios de Chavinda, Pátzcuaro y Santa Ana Maya.
En el reporte proporcionado se precisa que, de los detenidos, dos fueron en Chavinda; dos más en Santa Ana Maya, y uno más en el municipio de Pátzcuaro.
El área que facilitó esta información precisó que, si bien las detenciones se originaron a partir de que se les solicitó a los ciudadanos portar cubrebocas, éstas se habrían consumado por renuencia de los involucrados, lo que se calificó como “alteración del orden público”.
Así, se comenzaron a girar las primeras sanciones por la obligatoriedad del uso de cubrebocas, sin importar que el reglamento de esta ley no ha sido publicado por parte de la administración a cargo de Silvano Aureoles Conejo.
