Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyo al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas, revisar el caso del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, hoy encarcelado en Estados Unidos.
AMLO también recomendó a sus familiares acudir a la Fiscalía General de la República y no dejar de presentar el caos denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en los organismos internacionales.
Sin embargo, admitió que el margen de maniobra sobre este caso es escaso para el gobierno federal.
“Nunca vamos a permitir que se cometa una injusticia. No somos un poder omnímodo, absoluto, sino que depende de las decisiones que toman otros poderes e instancias de gobierno, que n este caso tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos y sus sistema de impartición de justicia. Tenemos que ser respetuosos, no inmiscuirnos”.
“Algo que podemos hacer es nuestra responsabilidad”, agregó.”Eso es con Alejandro Encinas. El hecho de que lo estes planteando aquí (a la reportera Meme Yamel) significa ayudarlos para que los dejen de hostigar. Cuando un asunto de esta naturaleza de hace público hay cierta protección. Vamos a ver que la Secretaría de Gobernación actúe”.
Y exolicó las diferencias de este caso con el del general Cienfuegos.
“Para interceder tendríamos que tener elementos de pruebas. En el caso del general Cienfuegos, cuando pedimos información —que debieron informarnos y no lo hicieron—, ellos reconocieron que se había procedido de manera indebida. Se esgrimía, se argumentaba, que el gobierno de México protegía a los delincuentes y por eso no se informaba.
“Estados Unidos reconoció que estaba mal el procedimiento y solicitamos que nos enviaran la información”, añadió.
Según la revista Proceso, en septiembre del 2019 la jueza federal Carol Bagley Amon, de la Corte de Brooklyn, sentenció a 20 años de prisión al exfiscal general de Nayarit, Édgar Veytia.
El exfuncionario fue acusado de traficar drogas a Estados Unidos y condenado a cinco años de libertad bajo supervisión, además de entregar un millón de dólares de activos confiscados. La jueza Amon consideró que Veytia había cometido un “delito extraordinariamente serio” y explicó que el fiscal, apodado El Diablo, había autorizado el uso de violencia en su estado, incluyendo asesinatos.
