Metapolítica
Morelia, Michoacán.- “Con los reclusorios estamos haciendo lo mismo que con los gasoductos. Ya les dijimos: haz bien sus cuentas, no te vamos a pagar esa cantidad. Ya canastearon bastante. Tranquilízate. Serénate”.
Fue el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el intento de cambiar las condiciones de los leoninos contratos firmados entre los dueños de los reclusorios privados y el estado mexicano.
“Ocho reclusorios, hay que pagar 16 mil millones de pesos al año. Y si solo hay 20% de reclusos, hay que pagar como si estuviese lleno el reclusorio. Así está en el contrato”.
Detalló que “debemos pagar 3 mil 500 pesos diarios por preso. Pero también en el contrato está que al terminar el plazo el reclusorio no pasa al gobierno, se queda con la empresa. Estamos buscando un acuerdo. Ya pasó eso de que no tienen llenadera”.
También afirmó que se hará lo mismo con otras empresas.
“Y va a ser lo mismo con Iberdrola y con todas estas empresas. Ya hablamos con ellos, pero lo mismo: no hubo respuesta. Entonces cambiamos el marco legal para tener respaldo jurídico”.
En el 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, se firmaron ocho acuerdos que permitieron construir igual número de cárceles. Seis consorcios empresariales obtuvieron sin concurso ni licitación la autorización para construirlas y operarlas:
Desarrolladora Homex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación; ICA (Ingenieros Civiles Asociados); Prodemex (Promotora y Desarrolladora Mexicana), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez, y GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados), que preside Hipólito Gerard Rivero; y Tradeco, dedicada a la construcción de carreteras y obras para Pemex.
Ninguna de estas empresas tenía hasta la fecha conocimientos sobre construcción de cárceles ni experiencia sobre su manejo.
