Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Por compra de votos en el caso de Adrián de la Garza. Y por hechos delictivos en el de Samuel García.
La Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación contra Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.
En el caso de De la Garza, la falta consistiría en solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de la denominada “tarjeta rosa”. Ello implica “compra y coacción del voto”.
Y en el caso de García Sepúlveda, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia contra el candidato, su padre, su esposa Mariana y su suegro Jorge por presuntas aportaciones “en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito utilizados en forma ilegal”.
Los aludidos o sus círculos cercanos ya respondieron.
En el caso de de la Garza, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno aseguró que “Adrián de la Garza lidera las encuestas y será el próximo gobernador de Nuevo León”.
Y Samuel García señaló que “de lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León”.
Este es el comunicado íntegro de la Fiscalía:
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián “D”, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto.
Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.
La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.
Asimismo, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de esta, Jorge “R”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales. Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria.
