Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Las ya acostumbradas críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial tuvieron un nuevo capítulo este martes. Uno que partió a propósito del posible desafuero del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, y que agrego al fiscal general de la República Aejandro Gertz Manero.
Los comentarios iniciaron tras consultársele a AMLO sobre el tema, luego que el juez Juan Luis González Alcántara Carrancá estableciera que “sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona. Pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal. Una vez que el servidor público concluya en su cargo” (SIC).
El dictamen ha generado todo tipo de debates y especulaciones entre miembros de la clase política y especialistas en derecho, quienes aún no tienen claro si García cabeza de Vaca tiene fuero o no.
Y esta mañana AMLO habló del tema.
“El Poder Judicial tiene que resolver con claridad. Nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley. Con claridad”, exigió primero.
Después iría más lejos.
“La resolución de la Corte no es clara en este caso, diría yo ambigua. Y tienen que resolver, está en anos del Poder Judicial. Lo que podemos decir es que no encubrimos a nadie. Y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes. Eso afecta la imagen de nuestro país.
“En México no se permite la corrupción y la impunidad Antes sí, ahora no. Si el FBI envía información en contra de una persona, el Gobierno de México tiene que investigar”, agregó.
Más tarde habló el fiscal Alejandro Gertz Manero. Y fue más directo que el presidente López Obrador: acusó dd injerencismo al poder judicial.
“Esto trae consigo una intromisión en el ámbito competencial del Ministerio público de la Federación a quien corresponde investigar y perseguir los delitos federales”, indicó.
Gertz Manero cuestionó las tres líneas que protegerían a García Cabeza de Vaca hasta el 2012, y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se revoque la decisión del ministro y se emita otro desechamiento en el que no analice de fondo el asunto.
Mientras tanto el gobernador tamaulipeco, desaforado por la Camára de Diputados de la federación pero más tarde protegido por la Cámara de Diputados de Tamaulipas, continúa en medio de un limbo jurídico que pocos son capaces de desentrañar.
Un nuevo desencuentro, que apenas arranca, que ya involucra a los tres poderes del estado mexicano.
