Metapolítica
Morelia, Michoacán.- No solo Emilio Lozoya acusa a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por la trama de Pemex y Odebrecht. También lo hacen al menos 37 pruebas con las que cuenta el juez de la causa, Marco Antonio Fuerte Tapia.
Es la tesis que dio a conocer este día el periódico Animal Político, que asegura tener en su poder la resolución oficial del juez.
“¿Cuáles fueron los argumentos?”, se pregunta el medio. Y enumera, entre otras, que la denuncia de Lozoya está sustentada, que hay indicios de los pagos y transferencias que implican a los acusados, que dichos pagos coinciden con la aprobación de a reforma energética, y que hay indicios que vinculan a todos los “socios”.
“Aunque los abogados de Lavalle acusaron que la denuncia de Lozoya eran los dichos de un presunto delincuente en los que no se podía sustentar una acusación tan grave, el juez consideró que se trata de un testimonio importante, que no es aislado, y que fue corroborado con pruebas que le dan credibilidad al menos de forma inicial”, dice la nota sobre el primer punto.
Sobre pagos y transferencias señala que “un punto clave es que los fiscales expusieron tanto la ruta de llegada del dinero de Odebrecht (con el cual se habrían pagado los sobornos), hasta la forma en que pudo haber llegado a manos de los legisladores”.
Y sobre la misma ruta del dinero, señala que “los defensores argumentaron en la audiencia que la reforma energética se aprobó en diciembre de 2013, por lo que los pagos posteriores a esa fecha no tienen sentido. Pero en opinión del juez Fuerte Tapia esto es irrelevante, ya que la lógica de un negocio ilícito no es la lógica de una actividad ilegal ni sigue las reglas de mercado”.
Finalmente, indica que “tanto las declaraciones como el modus operandi empleado para desplazar los recursos sí relacionan a los implicados en esta asociación delictiva” (en este caso a Lavalle y Videgaray).
La nota agrega entrevistas a dos especialistas, los abogados Estefanía Medina y Gabriel Regino, quienes coinciden en un punto:
hay argumentos suficientes para investigar a fondo a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
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