Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Imposible saber la magnitud de casos o carpetas que se llevarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), a partir de los procesos de transición que se librarán en los gobiernos municipales y el estado, reconoció Jesús Sierra Arias, Magistrado Presidente del organismo jurisdiccional.
Y aunque sí se anticipa que habrá un incremento en los casos que se lleven ante la instancia, explicó, es necesario que las instancias investigadoras, que son las contralorías, integren correctamente las carpetas, y que no se libren los procesos en función de temas políticos, sino profesionales, con los criterios establecidos en la misma norma, para que los casos donde si haya algún aspecto que sancionar por corrupción se haga, y no se caigan esos casos o no frutifiquen, explicó.
“Es necesario que las instancias investigadoras, que son las contralorías, integren correctamente las carpetas, y que no se libren los procesos en función de temas políticos, sino profesionales”.
En entrevista para Metapolítica, el Magistrado Presidente del TJAM fue detallando una serie de aspectos que ha venido enfrentando el tribunal, fundamentalmente en el último año, a partir de la irrupción de la pandemia que tuvo impactos en la vida social del mundo, y que en el particular de las instituciones también tuvieron que modificar sus protocolos para salvaguardar la salud tanto de los trabajadores como de los mismos ciudadanos.
Frente a ello, dijo, “tomamos un modelo híbrido para seguir trabajando”, donde se aplicaron suspensiones parciales o totales, y se aprovechó para también aprovechar la herramienta de los juicios en línea que desde el 2019 se habían integrado a los procedimientos del mismo tribunal.
De agosto a diciembre del 2019 por cada 100 casos en el modelo tradicional 30 se hicieron en línea, “con la pandemia nos fuimos al 200 por ciento, este modelo si permitió atender los casos”, explicó, y dijo que el juicio en línea “sí nos ayudó a resolver, pero también nos dejó ver que se necesita un mayor desarrollo”.
Explicó que ya con la pandemia, de abril del 2020 a marzo de este año se tomó la determinación de cerrar 11 veces las instalaciones del Tribunal, y se implementó que los trabajos se pudieran hacer en línea, y de manera híbrida, para tomar las medidas sanitarias y preventivas necesarias.
“El juicio en línea sí nos ayudó a resolver, pero también nos dejó ver que se necesita un mayor desarrollo”.
“El juicio en línea es una gran herramienta que nos permitió avanzar en muchos asuntos; en los distintos tipos de trámites que se realizan desde el Tribunal de Justicia Administrativa”, epxlicó.
Jesús Sierra Arias informó que en lo que se refiere a las dos salas anticorrupción que tiene el tribunal, en estas se tiene un aproximado de 100 carpetas que están en proceso de atención, conforme a sus tiempos, y también de manera paralela los órganos de investigación y sustanciación “están haciendo llegar” los elementos en la última etapa de procedimiento de responsabilidad, y se está “conociendo poco a poco” de los elementos de dichos casos; además “creemos que después de que empiecen las entregas recepción, eso pudiera verse incrementado por razon natural, por los procedimientos de rendicion de cuentas”.
Sin embargo, dijo respecto a esto último, “el tribunal está preparado, acusa seriedad, capacidad, que tiene procedimientos bien establecidos en la norma, y que depende su eficacia de qué tan sólidos son los asuntos, tanto de los particulares que demanden al Ejecutivo o a alguna dependencia, o de los organos de investigación; qué tan solidos son los informes de presunta responsabilidad. El tribunal sólo juzga con base a pruebas, a evidencias, no con lo que se litiga en los medios de comunicación, no resuelve bajo consignas políticas, sino conforme a la evidencia que están presentes”.
Al ser cuestionado sobre el papel de las contralorías, que para el caso de los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, son propuestos por los alcaldes o gobernadores, y no como con los organismos autónomos, que son propuestos por los Congresos, el magistrado presidente dijo que “el diseño es importante tenerlo en cuenta, es trascendente que haya autonomía de quien investiga un asunto que posiblemente se constituya en un procedimiento de responsabilidad, respecto de que la autoridad política a la que puedan llegar a investigar no tengan ascendencia sobre ellos, es un tema de diseño”.
“El tribunal sólo juzga con base a pruebas, a evidencias, no con lo que se litiga en los medios de comunicación, no resuelve bajo consignas políticas, sino conforme a la evidencia que están presentes”.
Entonces, dijo, si bien esta circunstancia “pudiera pensarse que actúan bajo una intención distinta” dichas contralorías, “la clave está en la autonomía en la persona de quien encarna la contraloría, respecto a sus valores; no hay candado de seguridad”, reconoció, y consideró que “es un tema que el sistema debe de trascender y tener un diseño diferente en la Ley apra que ese no sea un problema de entrada, un obstaculo”.
Frente al periodo de transición que se vivirá en los gobiernos locales, dijo que “debería haber muchísimo cuidado y responsabilidad para no iniciar procedimientos que puedan no llegar a la finalidad que se persigue por parte de quien inicia”; es decir, explicó, “es necesario un sistema de vigilancia, sí, y para eso están las contralorías; se requiere un sistema para responsabilidades de los funcionarios públicos, también, es correcto”; sin embargo, remarcó, “el problema comienza donde comunicamos mal, cuando de manera ligera iniciamos procedimientos y hacemos afirmaciones públicas de que vamos a ir con todo, tope donde tope, sin una investigación seria, de fondo, que se fortalezca con las pruebas”.
“Es necesario un sistema de vigilancia, sí, y para eso están las contralorías; se requiere un sistema para responsabilidades de los funcionarios públicos, también, es correcto”.
“El titular de un juzgado debe actuar conforme al procedimiento y los parametros de solución”, refirió, por ello insistió en que “el gran motor está en los órganos de investigación” en la lucha contra la corrupción, y el poder fincar responsabilidades a quienes sí hayan cometido algún hecho fuera de la ley.
“Quienes son los que deben tener mucho cuidado al investigar e iniciar un procedimiento son los órganos de investigación, deben ser profesionales y no políticos; deben tener la prueba y no la declaración pública, deben tener autocontrol y no el deseo de brillar, y hacemos de un aspecto eminentemente técnico un discurso político, y ahí como sociedad perdemos”, refirió.
