Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El delegado nacional con funciones de líder estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, anunció que ya llevó la prohibición a ser candidato a la gubernatura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante una rueda de prensa, Morón Orozco señaló que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incumplió al menos cuatro normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocido también como “Pacto de San José”.
En síntesis, indicó Morón Orozco, “se han vulnerado mis derechos al restringir la posibilidad de que se me permitiera competir”.
Y detalló que el recurso se interpuso el pasado 30 de mayo durante la campaña, pero se optó por no comunicarlo hasta ahora para no interferir en el proceso electoral.
Moron Orozco señaló que la resolución del TEPJF atento contra los artículos 8, 23, 24 y 25 del Pacto de San José.
El primero se refiere a las garantías jurídicas de toda persona.
El segundo de ellos señala que “todos los ciudadanos deben gozar (del derecho) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
El tercero, que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
Y el cuarto, que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Respecto del futuro de su denuncia, señaló que “si las cosas se dan bien podría instruirse al estado mexicano para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque el artículo 229 violenta los pactos de derechos humanos”.
Dicho artículo señala en su punto 3 que “si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley”.
En tanto, en el punto 4 indica que “los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan”.
Morón afirmó que no puede tener la seguridad de que la CIDH le dará la razón, pero que su rol es hacer notar las que a su juicio son arbitrariedades del sistema electoral mexicano.
Finalmente, afirmó que también puede que se le dé la razón y en tal caso habría tres efectos:
“instruir al estado mexicano para que realice las reformas legales a la LEGIPE para armonizarlas a lo que establece el artículo 23 del Pacto de San José”;
“publicar en diarios de mayor circulación y sitios web, la resolución que emita la Comisión Interamericana en el presente caso”; y
“borrar de todo archivo la resolución violatoria de derechos humanos, para que no aparezca en la historia de vida de mi persona, a fin de que esto no pueda considerarse en mi perjuicio”.
