Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Con esperanzas, también con algunos temores, se instala este domingo en Chile la Convención que redactará una nueva Constitución.
Fue la respuesta que encontró Chile a la crisis que desencadenó la ola de protestas de octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad de derechos y bienestar social.
La ceremonia de instalación estaba fijada para las 10 (hora local), con la juramentación de los miembros y elección de la presidencia.
Pero no inició.
Carmen Gloria Valladares, Secretaria del Tricel —el órgano oficial encargado de establecer todos los protocolos de funcionamiento para un ejercicio en la práctica inédito— suspendió momentáneamente el inicio de primera sesión tras incidentes en las afueras del lugar en donde opera.
El conflicto no es menor. Los sectores más identificados con la izquierda y los pueblos originarios llegaron acompañados de familiares y representantes populares, generando escaramuzas que no estaban planificadas.
La respuesta fue la represión. Muchos convencionales se negaron a instalar la Constituyente en tanto no cesara la acción policiaca.
Y el hecho abrió otro flanco de debate: hasta donde hay que respetar los protocolos previos —que incluyen desde horarios de llegada hasta la entonación del Himno Nacional que muchos representantes de pueblos originarios sienten ajeno— establecidos por una institucionalidad que justamente la nueva Constitución busca enterrar.
“Este domingo casi nada está claro”, publicó hoy en La Tercera el columnista Cristian Matamala. “No hay protocolos que ordenen cómo asumirán sus cargos, cuánto durará la primera sesión, cómo se harán las votaciones, qué ritos o solemnidades seguirán. La Lista del Pueblo ha anunciado un acto previo en el epicentro del estallido social, para marcar ahí el origen de sus mandatos, y luego marchar a la Convención. Algunos quieren jurar o prometer con la actual Constitución; otros prefieren aceptar sus cargos en nombre del pueblo; otros exigen espacio para marcar sus particularidades culturales”.
En términos formales, los 155 convencionales electos, 77 mujeres y 78 hombres, elegidos en una inédita votación paritaria y que reservó 17 escaños para pueblos indígenas, tienen la misión de redactar la Constitución que reemplazará la actual, escrita inicialmente por una pequeña comisión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y aprobada en 1980 en un proceso cuestionado.
En los últimos 30 años de democracia tuvo varias reformas, pero mantuvo su esencia para sostener un modelo económico ultraliberal que trajo progreso y también desigualdad, lo que gatilló las masivas protestas -algunas muy violentas- hace 20 meses.
La heterogeneidad de los integrantes que juramentarán este domingo como convencionales, en su mayoría independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos, junto al hecho de que ninguna de las listas de candidatos haya logrado alcanzar por sí misma el tercio que otorga poder de veto, abre la esperanza de que será un órgano obligado a alcanzar acuerdos.
Con información de La Tercera e Infobae
