Humberto Urquiza Martínez
La violencia postelectoral ha tomado su propio cause, sin que sea algo diferente a lo que sucedió previo a la jornada electoral.
El secuestro del candidato a Presidente Municipal en Uruapan postulado por el Partido Verde Ecologísta y posteriormente, el secuestro del candidato electo a Presidente Municipal del Partido Encuentro Solidario en el municipio de Penjamillo, así como la consecuente renuncia de todos los integrantes de la planilla ganadora en ese municipio, son ejemplo claro de la violencia en la que se ha desarrollado el proceso electoral.
Ante ese escenario, destaca la falta de presencia de las autoridades competentes, tanto electorales como las propias de seguridad pública que asuman una postura de responsabilidad ante el escenario de violencia e inicien los procedimientos de oficio necesarios para sancionar los hechos en el ámbito de su competencia.
En principio las autoridades encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia deben de iniciar los procedimientos y protocolos legales para poder encontrar las razones y responsables de los actos de violencia tipificados como delitos.
Posteriormente, la violencia política en razón de género debe de ser otra línea de acción e investigación, en particular por la violación a los derechos de aquellas mujeres candidatas que fueron obligadas a renunciar a su posición al interior de la planilla ganadora, dicha investigación debe de llevarla el IEM, por lo que se debe de abrir un procedimiento para conocer que está pasando con esas mujeres que están siendo violentadas, ello a efecto de proteger a las mujeres frente a los fenómenos de violencia y darle eficacia a los derechos políticos de la mujer, así como a las normas electoral relativas a la violencia política.
A la par, y dentro del campo de lo electoral, las fiscalías electorales federal y estatal deben de asumir también su compromiso e iniciar los procedimientos necesarios para encontrar a los responsables de la violencia política en razón de género en contra de esas mismas candidatas ganadoras que han renunciado al cargo que democráticamente ganaron.
Pero quizá lo más lamentable de la ausencia de las autoridades, la encontramos en la falta de revisión integral y de fondo por parte de las instituciones electorales respecto de lo que ha sido la violencia dentro del proceso electoral, para poder dictaminar las consecuencias de la violencia dentro de la histórica elección que se vivió el pasado 6 de junio, y con ello abrir un camino de trabajo institucional para fijar las formas de atajar dicho flajelo en los procesos comiciales y evitar la afectación de la democracia mexicana.
Pareciera que la falta de voces críticas sobre los problemas que se están presentando en las elecciones y los procesos electorales, así como la nula autocrítica institucional, solamente abonan a que los poderes fácticos estén teniendo mayor presencia en los espacios electorales. El efecto de ello es cada vez más demoledor, no solamente para la democracia mexicana, sino para la vida de personas que legitimamente pretenden competir en una elección e incluso ganarla. La falta de presencia institucional ha permitido que los actos de violencia tengan cada vez más efecto de la gobernabilidad electoral, por lo que, de continuar así, las elecciones ya no serán un factor de orden político al cambiar de personas que ejercen las funciones institucionales, sino que serán un problema de impacto mayor que afectarán a la gobernabilidad política.
