Oscar Guerrero/Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a solicitarle al gobierno de Silvano Aureoles Conejo información referente al caso Arantepacua, por las cuatro ejecuciones, casos de tortura y allanamientos ilegales registrados en esa comunidad los pasados 4 y 5 de abril de 2017, a manos de la Policía Michoacán.
En entrevista exclusiva con Metapolítica, el representante legal de las víctimas de Arantepacua e integrante del Colectivo Liquidámbar, Enrique Guerrero, compartió que la FGR ya estableció una solicitud formal para que las autoridades locales -entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE)- aclaren cómo es que se escribió una de las páginas más oscuras en la historia de la comunidad indígena de Arantepacua.
A cuatro años y tres meses de que se consumara uno de los hechos más violentos registrados en Michoacán, el representante legal de las víctimas de Arantepacua explicó que la intervención de la FGR responde a que, desde el pasado 13 de mayo de 2021, se solicitó que dicha instancia de procuración de justicia ejerciera su facultad de atracción del caso.
“En mayo solicitamos que la Fiscalía General de la República ejerciera su facultad de atracción del caso por múltiples razones, entre ellas que existe un notorio conflicto de intereses en la Fiscalía General del Estado, considerando que su titular, Adrián López Solís, era secretario de Gobierno cuando se registró uno de los hechos más violentos que se han vivido en Michoacán”, enfatizó.
Otro de los motivos por los que la FGR atraería el caso, dijo, aterriza en la postura asumida por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, quien, dijo, “en reiteradas ocasiones se ha pronunciado a favor de defender a los victimarios, en este caso a los elementos de la Policía Michoacán que participaron en el operativo que vulneró los Derechos Humanos de la comunidad de Arantepacua, bajo el pretexto de que ahí se estaba registrando un conflicto agrario”.
“La inacción de la fiscalía estatal es el claro ejemplo de que la institución de procuración de justicia está promoviendo la impunidad, porque no creo que ellos mismos se quieran pisar el pie. Por eso consideramos necesario que intervenga la Fiscalía General de la República, y todo parece apuntar a que así será”, agregó.
ONU sugiere que FGR atraiga el caso
Al decirse confiado de que la FGR atraerá el caso en próximos días, comentó que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México ha respaldado el hecho de que sea ésta la instancia encargada de esclarecer el caso.
“El hecho de que se haya pronunciado la Organización de las Naciones Unidas nos dice mucho, porque ya es una instancia internacional la que está sugiriendo que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que no exista impunidad”, dijo.
Esta reacción, subrayó, también respondería a la investigación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó en torno al caso, en cuyo contenido “se acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”, durante la intervención que tuvo la SSP en un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, los pasados 4 y 5 de abril de 2017.
Ante este escenario, el representante legal de las víctimas de Arantepacua dijo confiar en que el caso está próximo a esclarecerse, para luego subrayar que, “la impunidad está por acabar, como el fuero del gobernador Silvano Aureoles Conejo y del resto de funcionarios responsables de tal masacre”.
