Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Frente a la intención de acelerar la desincorporación y venta de bienes inmuebles del estado, al cierre tanto de la actual legislatura como del periodo de la actual administración estatal, el gobierno que encabezará Alfredo Ramírez no va a reconocer la venta que se dé de forma apresurada.
Así lo refirió el mismo gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, quien dijo que “no tiene lógica querer rematar los bienes inmuebles que son propiedad de las michoacanas y michoacanos, son propiedades que no son del gobierno, sino del estado”.
Pero no es el único tema donde hay especial observación en esta coyuntura, también está la situación que guarda el estado frente al endeudamiento existente, por cuya razón esta semana se tendrá un encuentro con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para conocer con precisión cómo se encuentra la deuda a corto plazo.
Alfredo Ramírez, en entrevista, dijo que este tipo de deuda, de cuatro tipos que se han identificado, debió haber sido liquidada hace varias semanas. La ley indica que la deuda de corto plazo debió ser liquidada tres meses antes de que concluya la administración, que finaliza el 30 de septiembre; es decir, se debió saldar antes de que iniciara julio.
Además, dijo Alfredo Ramírez, “hay deuda institucional, adeudos con el ISSSTE, el Seguro Social, con Pensiones Civiles del Estado, deuda con proveedores y deuda bancaria de largo plazo”, y estos son elementos que se tienen que revisar y que se espera, a su vez, se pueda profundizar al respecto a partir del 15 de agosto, y que haya más información al respecto.
“Nosotros trabajaremos de manera institucional para la entrega-recepción, porque una transición serena y pacífica, en orden, da confianza y certeza, que es el mensaje que tenemos que mandar tanto al pueblo de Michoacán como al exterior”, remarcó.
A partir de las circunstancias financieras que enfrenta Michoacán al cierre de esta administración, dijo, es que también está la necesidad de que la transición sea serena, ordenada, y de la mano del actual gobierno federal, para enfrentar el cierre de año, que como cada fin de ejercicio fiscal, genera complicaciones al estado por el déficit presupuestal de 7 mil millones de pesos que arrastra.
