Desde el 2016 dependencias estatales y juzgados exigieron a empresas de telecomunicaciones, a veces de forma ilegal, que entregaran datos, conversaciones y hasta los desplazamientos de sus clientes. En casi ninguno de los casos se aclaró cómo se utilizó la información. A propósito del “escándalo Pegasus”, Metapolítica rescata hoy el reportaje publicado originalmente en junio del 2020.
Por Eduardo Pérez Arroyo
Morelia, Michoacán.- El Gobierno de Silvano Aureoles y el Poder Judicial de Michoacán espiaron a sus ciudadanos.
Así lo establecen documentos en poder de este medio, que comprueban que la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía) y algunos jueces ordenaron a empresas de telefonía entregar conversaciones privadas, rutas, contactos y otros datos sensibles.
El reportaje original fue publicado por este medio en junio del 2020. En él aparecen cifras, documentos y datos que comprueban que el gobierno estatal y el Poder Judicial sometieron a vigilancia ilegal a algunos ciudadanos.
El reportaje establecía también que muchos de los datos recabados fueron usados para fines distintos a la seguridad púbica.
Y señaló que “solo durante el primer semestre de ese año la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (hoy Fiscalía) envió 354 solicitudes de acceso a la información a empresas de telecomunicaciones, y dos geolocalizaciones en tiempo real. En el portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Michoacán aparecen registradas 543 en el año 2016”.
Agregó que “ante las solicitudes de la autoridad, las empresas de telefonía optaron por la obediencia casi absoluta. A nivel nacional Telcel no negó ninguna, y entregó el 100% de los datos requeridos. En contraste, AT&T negó el 46% y Movistar el 7.99% (Megacable también negó el 63 %, pero solo recibió 115 solicitudes; mucho menos, por ejemplo, que las 25 mil 743 que recibió Telcel)”.
Finalmente, estableció que “para 2018 la cifra de datos solicitados en Michoacán aumentó considerablemente (…). Ese año la PGJE realizó 2 mil 385 solicitudes a las empresas, de las cuales solo se negaron 27. El portal de Transparencia solo registra 31”.
Lee aquí el reportaje original de Metapolítica, publicado en junio del 2020
