Metapolítica
Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones humanitarias cuestionaron la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del espionaje telefónico relacionado al software Pegasus, y exigieron que sea apruebada la regulación que combata ese tipo de actividades y controle la compra e importación de esa tecnología.
AI y las ONG Artículo 19, Consorcio Oaxaca, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan mostraron inquietud por las actuaciones realizadas hasta la fecha la Fiscalía General, por lo que denunciaron, durante una conferencia de prensa virtual, pocos avances en el caso, esto a cuatro años de que salieron a la luz las primeras denuncias realizadas en México sobre espionaje telefónico contra periodistas, activistas y políticos, dadas a conocer por una investigación realizada por un consorcio global de medios de comunicación que revelaron el uso real del programa de NSO Group, de origen israelí.
En una serie de declaraciones que recoge Sin Embargo, el activista Vladimir Cortés, de la organización Artículo 19 se dijo preocupado por la actitud de la FGR y la acusó de “modelar una especie de simulación para fingir que se está cumpliendo con sus labores de investigación transparencia y revisión de cuentas, cuando en realidad su actuación ha mostrado ser insuficiente e incapaz”.
“Esto (del espionaje) no se puede quedar en la impunidad”, dijo por su parte la activista Yesica Sánchez, del Consorcio Oaxaca, y exhortó a la FGR a realizar una investigación “sigilosa” y “profesional”.
Las autoridades mexicanas dieron a conocer esta semana que localizaron 31 contratos vinculados al programa Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012), los cuales fueron valorados en unos 61 millones de dólares.
Luego de la divulgación de la investigación periodística, la FGR dijo que se avanzaba en una averiguación sobre los contratos que suscribió la empresa mexicana KBH TRACK, la cual utilizó NSO Group, con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel con un proceso judicial pendiente en México.
Luego de aceptar que no hay certeza de que las prácticas de espionaje telefónico cesaran durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, pidió a las autoridades divulgar los contratos de Pegasus, así como de otros de ese tipo.
Asimismo, exhortó al gobierno de López Obrador reconocer que hubo violación de derechos humanos, asuma “su responsabilidad como Estado”, repare a las personas que fueron vigiladas y se establezcan garantías de no repetición.
“Necesitamos una legislación adecuada, respetuosa de los derechos humanos, que nos garantice a todas las personas que no vamos a ser espiadas”, señaló.
Por su parte, el activista Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, otra de las voces que recoge Sin Embargo, sostuvo que mientras no se depuren los cuerpos de seguridad, continuará la estructura de vigilancia a defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas, por lo que exigió al Gobierno acciones “más contundentes” para terminar con la estructura de espionaje.
Con información de Sin Embargo
