Metapolítica
Morelia, Michoacán.- José Luis Vargas Valdez, en calidad de magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un mensaje a medios, dijo que la sesión llevada a cabo “mediante una plataforma diversa a la institucional”, en la que los magistrados lo removieron de su cargo, “es nula de pleno derecho” y los llamó a este jueves a establecer una reunión privada para discutir el tema que los reúne: su desempeño como presidente del TEPJF:
“La solicitud hecha por el magistrado Felipe de la Mata y secundada por la magistrada y los magistrados ya mencionados (Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón) en los que se me solicitó se incluyera una evaluación a mi desempeño como presidente, no corresponde a la naturaleza de las sesiones públicas del pleno del TEPJF, toda vez que son de carácter estrictamente jurisdiccional”, dijo.
Señaló además que el tema propuesto por los magistrados, fue puesto fuera del ámbito de competencia del TEPJF, ya que “la Constitución Política prevé que las atribuciones de vigilancia y control vinculadas con el desempeño del Tribunal atañen exclusivamente a la Comisión de Administración, de ahí que se estaría invadiendo la esfera de atribuciones de dicho órgano”.
Asimismo, dijo que es potestad del presidente del Tribunal Electoral conducir las sesiones de la Sala Superior y conservar el orden durante las mismas, “por lo que llamé a un receso y solicité apegarnos a la convocatoria de esta sesión, que son los asuntos jurisdiccionales y no asuntos de índole administrativo o de gobierno de este Tribunal”.
Sin embargo, la magistrada Otálora, después suspendida de la sesión, convocó a renovarla en una plataforma virtual alterna a la del TEPJF con los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón con el fin de destituirlo y nombrar a un nuevo presidente, en este caso, Reyes Mondragón.
“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional ilegal, con lo cual esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad”, dijo.
Y recalcó: “La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo, y de no ser el caso, con el respeto irrestricto a las normas que regulan nuestra función”.
“Somos jueces constitucionales”, les dijo, “y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura”.
“Los albazos no son la forma cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias”, aseveró.
“Como presidente en funciones”, convocó este jueves a una sesión privada para discutir el citado punto propuesto de la orden del día, así como a sesionar públicamente para el desahogo del orden del día de los asuntos jurisdiccionales pendientes.
“La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional, y en la cual la Mónica Soto Fregoso y yo no participamos, es nula de pleno derecho”, declaró.
Por otra parte, continuó, “la convocatoria hecha por la magistrada Janine Otálora Malassis y la actuación como secretario general de acuerdos por parte del abogado Rodrigo Sánchez Gracia nombrado en dicha sesión constituye el ejercicio ilícito de funciones”.
“Conforme a los artículos 99 constitucional y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la elección de la presidencia del Tribunal es un por periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el pleno de la Sala Superior como forma de terminación del encargo”, dijo.
Y sentenció: “El término de la presidencia sólo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en mi caso culminará en noviembre de 2023”.
Al final, los llamó a honrar su compromiso con la Constitución y “sobre todo, a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral”.
