Héctor Tapia /Metapolítica

Hay alrededor de “mil millones” de razones que se tambalean en el Congreso del Estado, están ligados a la prisa por desincorporar y vender un paquete de bienes inmuebles patrimonio del estado. Pero no sólo eso.

Por el momento el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió ya un duro posicionamiento de que no se permitirá la venta de dichos espacios, lo que ya tuvo impactos tanto en la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, donde había cierta prisa y presión porque se agendara este tema en la próxima sesión del pleno del legislativo local, que va de salida, y está a un mes de ser relevado constitucionalmente.

Como consecuencia esto ha arrastrado a otras decisiones que se han venido postergando, en primera instancia por otras razones, pero que ahora se le agrega este factor adicional, las designaciones para distintos organismos descentralizados que también están pendientes en el legislativo michoacano, y que por presiones y “negociaciones” políticas se había venido alargando los procesos selectivos.

El actual gobierno estatal, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, planteó hace tiempo la intención o iniciativa de que se desincoporaran varios predios propiedad del estado, con el argumento de hacer llegar “recursos frescos” a las finanzas estatales y atender pendientes.

Sin embargo, a mes y medio de que finalice la actual administración esta iniciativa, que no logró salir en su momento, cuando todavía tenía el control político mayoritario del Congreso, este control se ha comenzado a perder. Las circunstancias políticas ya son otras, y esto ha comenzado a cobrar a su vez facturas políticas diversas.

A 45 días del relevo constitucional en la gubernatura, ésta insistencia de desincorporar dichos bienes inmuebles ha venido incrementando las suspicacias sobre el por qué la insistencia de realizar la venta, de “cerrar el trato”.

Se suma esta suspicacia a que tampoco ha habido respuesta clara sobre el manejo de los 4 mil 90 millones de pesos que se autorizaron de nueva deuda en el último año a favor de la administración silvanista, los cuales han sido señalados por el gobierno electo como que fueron utilizados para financiamiento de las campañas hace dos meses concluidas.

Esta desincorporación y venta que se pretende, infiere el gobierno electo, van en el mismo sentido. Cuando menos es lo que entre líneas acusan. Lo que ha volcado la mirada al actuar de los diputados locales.

La negativa de Ramírez Bedolla sobre esta desincorporación se sostiene desde que formó parte de la legislatura, donde advertía con sendos señalamientos las causas del por qué no avalar esta iniciativa. En su momento pareció no tener tanta fuerza la posición. Ahora, y con una posición francamente a su favor, por la posición que al momento se perfila a tener como jefe del Ejecutivo, su negativa tiene magnitudes y alcances distintos.

Y, aún cuando se pensó que los alcances de las decisiones de Ramírez Bedolla tendrían efectos a partir de que asumiera la gubernatura de forma constitucional, a partir del 1 de octubre, y en la legislatura que asumirá a partir del 15 de septiembre, lo cierto es que desde ya comienza a marcar agenda.

De la legislatura saliente no sólo los aliados de Morena, el PT, se han sumado al respaldo, ya el Verde Ecologista también ha perfilado, con miras hacia adelante, que se alineará con Morena en ciertos temas, y este puede ser uno de ellos desde ahora.

Para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tenga el cuorum legal para programar los temas de las sesiones del pleno necesita juna mayoría calificada; es decir que el 50% más 1 de los diputados, representados a través de sus coordinadores, acuerden así hacerlo. Y, dadas las circunstancias políticas actuales, y las proyecciones para la siguiente legislatura en cuanto a la correlación de fuerzas, están llevando a que quienes eran aliados del gobernador le estén abandonando en este tipo de iniciativas, por lo que se pone en duda ya que este tema pueda avanzar.

Pero esto se está ligando, quizá condicionando, con el “reparto” y pelea que se ha venido dando en los últimos dos años y medio por distintas posiciones en organismos desconcentrados que han sido tratados como agencias de colocación de allegados por parte del Congreso.

Es decir, si se detiene la desincorporación y venta de estos bienes inmuebles también se detienen las designaciones. El Congreso ya está en tiempo extra, porque el último periodo ordinario ya concluyó y cualquier tema que quieran ir desahogando, que necesita el aval y programación de la JUCOPO, tiene que ser acordado y por el momento no se tienen condiciones.

En esta coyuntura, la correlación de fuerzas de lo que se proyecta para los siguientes años está comenzando a tener efectos. Son momentos de definiciones en el Congreso.

Por cierto, esta Legislatura, con todos estos temas, pasará a ser de las más señaladas de las que se tengan memoria, sobre todo por el descaro en las negociaciones y presiones políticas en los pleitos por los espacios. Así quedará asentado.