Humberto Urquiza Martínez
El derecho electoral en el sistema mexicano es la regulación jurídica de procesos políticos. Por lo que el componente político en la interpretación jurídica por los tribunales electorales siempre estará presente, aunque la fórmula debe de enfocarse a que el mayor número de porcentaje de argumentos de una sentencia sea jurídica y no política.
La batalla en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la presidencia de dicho órgano jurisdiccional, deja ver lo que en muchos órganos de esa naturaleza sucede. La lucha por los privilegios y posiciones que se pueden tener en espacios como esos, hacen que el talante de cada uno de los integrantes se potencie y se produzcan hechos como el que vimos en estos días.
Si bien es cierto que el presidente de dicho tribunal trae fuertes cuestionamientos por sus ingresos y formas en las que se dirigía hacia sus pares, lo que sin duda lo descalificó y deslegitimó en su función jurisdiccional; su remoción mediante figuras jurídicas cuestionadas han ampliado el margen de incertidumbre en lo que sucede dentro de dicha institución.
Sin embargo, lo relevante del caso no se encuentra en la lucha interna sino el momento en el que se presenta.
El proceso electoral en el que se renovaron 15 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en la totalidad del país se encuentra en la etapa definitiva, relativa a la calificación de la validez de cada una de esas elecciones. Dicha etapa requiere la intervención de los tribunales electorales, entre los cuales la Sala Superior asume el papel central, al ser la última instancia para que se pueda revisar cada elección. Una vez emitida la sentencia por dicha sala, ya no hay forma de examinarla, por lo que, lo que dicha instancia resuelva, será definitiva e inatacable y marcará el camino en los cambios en cada uno de los cargos que fueron motivo de la elección.
Por tanto, el cierre del proceso electoral requiere de un tribunal que dé certeza y credibilidad a esa ultima instancia y garantice que los que ganaron realmente lo sean, y que los que perdieron, así fue, esto es, que cualquier decisión que se tome, debe de contar no necesariamente con mayorías sino con verdaderos argumentos jurídicos.
Ante ello, el conflicto que se presenta en la Sala Superior destaca por el hecho de que, a dicha instancia están llegando la impugnación de diversos asuntos, entre los que destacan las 15 gubernaturas, mismas que deberán de resolverse en los siguientes dos meses o antes, en algunos casos. Periodo en el cual, la batalla seguirá dentro de los 7 magistrados electorales, y donde los casos que ponga cada uno de ellos a consideración de sus pares puede ser analizado más por lo que está pasando en su conflicto, que por la visión jurídica del caso analizado.
Por ello, no es causalidad que el problema de perspectivas entre los 7 magistrados integrantes de la Sala Superior se esté presentando justo en el momento en el que dicha instancia debe de intervenir.
Consecuentemente, cualquiera que sea la definición de quién será el magistrado que encabezará al Tribunal Electoral Federal, la justicia electoral en la definición de cada impugnación estará sujeta a una coyuntura que corre el riesgo de inclinarse hacia lo político.
La última palabra dentro de la justicia electoral deberá de contar con argumentos fuertes para que la credibilidad de las decisiones no esté a debate político, sino solamente jurídico.
Exconsejero del IEM y profesor de derecho, historia y sociología de las universidades Michoacana y Latina de América.
